SEP se salta ley y libra batalla legal para sacar nuevo modelo educativo

Para sacar adelante el nuevo modelo educativo, que se denuncia con tropiezos y opacidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha saltado la ley educativa y ha controvertido seis recursos legales promovidos por organizaciones civiles –y ha advertido que va contra otro– respecto al emplazamiento con el que se le pidió demostrar el apego al marco legal para la producción y distribución de los nuevos libros de texto. No obstante, este martes la secretaria Leticia Ramírez aseguró que los libros estarán en las escuelas del país.

El lunes pasado, la jueza Yadira Medina Alcántara advirtió una omisión en el actuar de la dependencia para “dar cumplimiento cabal” a la resolución dictada hace más de un mes, con la que ordenó frenar la producción de los nuevos libros de texto hasta corroborar el apego a lo que dicta la Ley General de Educación (LGE); sin embargo, los materiales ya fueron impresos y ha comenzado su distribución.

Ayer, la SEP aseguró haber cumplido con tal disposición y advirtió que, en cuanto sea notificada de esta nueva orden, implementará “el mecanismo legal correspondiente”.

La titular de la SEP aseguró que la dependencia ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y ya se encuentra en condiciones de publicar los programas de estudio.

Tras referir que los nuevos libros ya están llegando a los almacenes locales para su distribución, insistió en que éstos son producto del “trabajo solidario” de miles de docentes, especialistas e ilustradores, que se compartirán entre compañeros, familias y fomentarán la colaboración para “transformar la realidad”.

La funcionaria aseguró que, en apego al mandato constitucional y a la LGE, los nuevos libros de texto ya arribaron a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas del país.

Según lo dispuesto en el acuerdo publicado el 19 de agosto del 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este mes comenzará la implementación del nuevo modelo en los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria.

Esto ocurrirá, a pesar de siete acciones jurídicas emprendidas por tres organizaciones civiles, en contra de tres hechos concretos: la prueba piloto del nuevo modelo, la impresión de los nuevos libros de texto y también el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN), sobre la cual hay un “juicio pendiente”.

Derivado de la pelea jurídica entre las organizaciones y la SEP, las y los alumnos se enfrentarán a un esquema y materiales distintos a como hoy se imparte la educación —como ya lo ha dado a conocer La Razón—, los cuales representan un modelo curricular que no se ha puesto a prueba para evaluar y corregir, y con libros cuya impresión siguió adelante, a pesar de los incumplimientos legales advertidos por una jueza.

Israel Sánchez, titular del despacho de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que consiguió la suspensión definitiva contra los nuevos libros, aseguró que éstos, incluso ya entregados en algunos estados, son “ilegales”.

Además de la falta de coincidencia ideológica con los contenidos de los materiales, otra causa para actuar en su contra, expuso, fue que su producción se dio sin contar aún con los programas de estudio, como lo ordena la LGN.

Sostuvo que desde mayo solicitaron a la SEP un diálogo para conocer los libros y contenidos, el cual no se dio.

“Lo que sí vemos como grave es que la Secretaría entregue estos libros, pues vemos que no solamente está siendo omisa, sino que está saltando un ordenamiento judicial, pese a que dijeron que iban a acatar esa resolución”, dijo a La Razón.

En otro acto, el 9 de septiembre del 2022, las organizaciones Educación con Rumbo (ECR) y Somos Héroes presentaron una demanda de amparo con la que plantearon la inconstitucionalidad de la prueba piloto del nuevo modelo educativo, que se aplicaría en 960 escuelas públicas en octubre.

Miguel Ortiz, abogado de ECR, explicó que este piloto se aplicaría sin contar con los programas y planes de estudio, sin capacitar a los docentes y sin que se contara en ese tiempo con los libros.

Por coincidir con estos argumentos, a finales del año pasado se concedió la suspensión para que la prueba no se aplicara. La SEP impugnó, pero no ganó.

El jurista señaló que hace tres semanas se dio la primera sentencia de amparo, en la que se estableció que el programa piloto es inconstitucional por ser un modelo experimental y discriminatorio, porque los programas de estudio no se publicaron en el Diario Oficial y por sólo aplicarse en 960 planteles.

“Mientras la SEP no instale el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, que es la instancia de consulta, colaboración y apoyo de padres de familia y especialistas, el único canal de comunicación será el juicio de amparo”, dijo.

Desde el 2020, y con cinco demandas de amparo, Mexicanos Primero también ha emprendido una batalla jurídica por considerar que con la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se vulneraron derechos de las y los niños para garantizar las jornadas educativas extendidas, a pesar de que “en el papel” su función se trasladó al programa LEEN, explicó Fernando Alcázar, director de Judicialización de la asociación.

Un fallo que se dio en el 2022 fue a favor de esta asociación, luego de que un juez ordenó a la SEP regresar al PETC, pero fue hasta enero del 2023 cuando se obtuvo una sentencia firme en el caso, aunque perdió sus efectos debido a que el acto reclamado en la demanda original fueron las reglas de operación dictadas para el año pasado y que ya no aplican en este 2023.

Tras ello, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el alto tribunal reinterprete dichos efectos y determine si el cambio de ejercicio fiscal es una causal de improcedencia; sin embargo, la Corte declinó conocer del asunto.

Ahora, este año aún está pendiente otro litigio contra las reglas de operación del LEEN, debido a que Educación con Rumbo argumentó que sus reglas de operación limitan a las comunidades escolares, para que sólo puedan utilizar el 21 por ciento del dinero que reciben para pagar a maestros y así se garanticen los horarios extendidos de educación.

Desde hace casi un mes, este medio solicitó entrevistas con las subsecretarías correspondientes, pero el área de Comunicación Social de la SEP no respondió a la petición.