Perú, un país sobre el cual se ha decretado alerta política debido a la continua sucesión presidencial que lo ha llevado a tener seis presidentes en seis años, ha vuelto a protagonizar un capítulo de tumulto, el cual ahora derivó en la destitución de su presidente Pedro Castillo.
Si bien en la reciente historia política de Perú no resulta inaudito que los mandatarios no completen su periodo de cinco años, el caso de Pedro Castillo destaca de entre los demás, al ser el primero en el cual se intentó ir en contra de un mandatario a través del procedimiento de denuncia constitucional.
¿Qué está pasando en Perú?
El 28 de marzo de 2022, transportistas de Lima se manifestaron con bloqueos carreteros ante un alza en los precios de la gasolina. Pronto, esta protesta se expandió por la capital peruana y, en poco tiempo, por diferentes ciudades del país, ante el descontento de la población por el aumento de precios en la canasta básica.
De acuerdo con medios, los últimos dos años han marcado a Perú como uno de los países en América Latina más afectados por la inflación, pues ésta se ha elevado en la nación a su nivel más alto en décadas, potenciado por la pandemia y las interrupciones del suministro global a causa de la guerra en Ucrania.
Por ello, cientos de peruanos comenzaron a salir a las calles de diferentes regiones del país, no sólo urbanas, sino también rurales, para exigir rendición de cuentas al gobierno de Pedro Castillo que, para inicios de 2022, apenas contaba con poco más de medio año.
Esta serie de protestas se intensificó pronto al sumarse una serie de acusaciones de corrupción contra Castillo por tráfico de influencias y, también, por corrupción por licitaciones de obras públicas, las cuales derivaron en investigaciones contra él y sus familiares y allegados.
De igual forma, estos señalamientos de corrupción derivaron en la promoción en el Congreso de dos mociones de vacancia, es decir, en dos intentos de destituirlo de la presidencia de su país.
Sin embargo, no fue hasta octubre de este año, cuando la fiscal Patricia Benavides formalizó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, aludiendo que las investigaciones encontraron “una presunta organización criminal enquistada en el gobierno”.
Lo anterior no sólo derivó en más protestas —que, de acuerdo con reportes, terminaron en violencia de la policía a la ciudadanía—, sino en una férrea negativa de Castillo a dejar el cargo hasta 2026, año en que terminaría su mandato.
Así, ante la intervención del Congreso en un tercer intento por destituirlo, el presidente intentó decretar este miércoles la disolución temporal de este poder, después de lo cual este último acordó, finalmente, la vacancia del mandatario por “incapacidad moral”.
Ahora, la vicepresidenta del gobierno de Castillo, Dina Boluarte, será la encargada de completar el mandato que dejó pendiente el ahora expresidente. Durante los años restantes, deberá encarar las protestas de la ciudadanía peruana, que ha manifestado seguir inconforme por la situación económica del país.
AM