a

Informe anual de 2020

Joe Biden pone en el centro de sus políticas comerciales a los trabajadores de EU

"La agenda comercial de Estados Unidos debe proteger y empoderar a los trabajadores", sostuvo el informe anual de 2020 de Joe Biden

La administración de Joe Biden puso especial énfasis en el cumplimiento de las reglas laborales y medioambientales del T-MEC.Foto: Reuters
Por:

La agenda comercial de Estados Unidos debe proteger y empoderar a los trabajadores, a la vez que impulsa su crecimiento por medio de mejores salarios. Estas acciones se traducirán en resultados económicos favorables para todos los estadounidenses, sostuvo el informe anual de 2020 de Joe Biden, presidente de este país.

Tal como lo señalaron analistas nacionales y extranjeros, la administración de Joe Biden puso especial énfasis en el cumplimiento de las reglas laborales y medioambientales en su relación comercial con México a través del Tratado que sostienen ambas naciones con Canadá (T-MEC).

Para cumplir con los compromisos “totalmente exigibles” dentro del T-MEC, la Ley de Implementación del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá asignó más de 400 millones de dólares para apoyar en la cooperación, monitoreo y aplicación de las disposiciones del tratado.

En el documento referido se estableció que una política comercial centrada en los trabajadores requiere un amplio compromiso con sindicatos y otros defensores de los empleados. Por ello, afirmó, bajo la administración de Biden el sector laboral tendrá un asiento en la mesa en el desarrollo de estas normas.

“Se elaborarán nuevas políticas comerciales para promover un crecimiento económico equitativo, mediante la inclusión en el comercio de acuerdos con normas laborales sólidas y exigibles que protejan los derechos de los trabajadores y aumenten la economía con seguridad”, apuntó el informe del presidente Biden.

Asimismo, se subrayó que el Gobierno de Estados Unidos revisará las políticas comerciales pasadas para ver sus impactos y consecuencias no deseadas para los trabajadores, así como que las obligaciones en esta materia en virtud de los acuerdos existentes se harán cumplir plenamente.

Para este fin, de acuerdo con el informe anual de 2020 de Joe Biden, la Ley de Implementación del T-MEC asignó 30 millones de dólares a lo largo de cuatro años para que (USTR, por sus siglas en inglés) de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por medio de un Comité Laboral Interagencial.

Con dicho monto, detalló el documento, se contratarán tres nuevos empleados en la Oficina de Asuntos Laborales del representante comercial y la designación de tres abogados para cubrir las cuestiones laborales del T-MEC en el despacho del Asesor Jurídico.

Además, se asignaron 180 millones de dólares a programas de asistencia técnica para apoyar reformas del sistema de justicia laboral en México, incluyendo subvenciones para impulsar el desarrollo de capacidades centrado en los trabajadores, combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil, así como para reducir la discriminación laboral en nuestro país.

“En 2020, el gobierno de Estados Unidos continuó monitoreando el esfuerzo de la reforma laboral de México y la implementación del paquete legislativo de 2019, incluyendo cuestiones relacionadas con los recursos presupuestarios para las reformas, para asegurar que México cumpla con los compromisos del T-MEC para que los trabajadores y las empresas estadounidenses se beneficien plenamente del Acuerdo”, manifestó.

COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES

Otro de los puntos relevantes dentro de la agenda de la administración demócrata de Estados Unidos son los relacionados con el medio ambiente.

Del monto de 400 millones de dólares, se tomarán 60 millones de dólares durante cuatro años, con el fin de establecer el nuevo Comité Ambiental Interagencial para monitorear y hacer cumplir las obligaciones ambientales del T-MEC, más tres nuevos puestos en la materia en la Embajada de los Estados Unidos en México.

“Los recursos asignados permitirán complementar la capacidad de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos para recopilar y analizar datos relacionados con la conservación y el comercio de recursos naturales y reforzar otras actividades de aplicación, incluido el enjuiciamiento de delitos ambientales, relevante para las obligaciones ambientales del tratado”, explicó.