Los derechos humanos de la CNDH

“Disentir es uno de los derechos que le faltan a la Declaración de los Derechos Humanos”

José Saramago

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, representando un estándar que deben alcanzar todas las naciones, reconociendo la dignidad inalienable de los seres humanos, libres de discriminación, de desigualdad y sin distinciones de cualquiera índole.

En México se han creado a lo largo de la historia diversas leyes que ayudan a mitigar las injusticias, así en 1680 se crearon las Leyes de Indias para que por medio de las Encomiendas se atendiera a los indígenas; posteriormente en 1847, en San Luis Potosí, el Gobernador Ponciano Arriaga creó la Procuraduría de los Pobres, y ese mismo año a nivel federal se estableció el Juicio de Amparo.

En la Constitución Política de 1917 se estableció lo que se denominó las Garantías Individuales, señalando que los ciudadanos gozan de los derechos básicos: libertad, igualdad, seguridad jurídica, derecho a la propiedad y el derecho de petición.

Aun contando con un marco jurídico de protección de los derechos humanos, en México no existía una institución y un mecanismo para vigilar el respeto a éstos, lo cual tras constantes críticas, resultó en la creación, en 1989, de la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de

Gobernación; no siendo suficiente en 1990, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siendo nombrado como primer presidente al jurista Jorge Carpizo Macgregor, quien con su reputación le dio el reconocimiento necesario; sin embargo dependía de la Presidencia de la República su nombramiento.

Fue en 1999 que se logra que al presidente de la CNDH lo designara el Senado de la República, con ello se dio un paso más en la independencia del organismo; y en 2011 se modifica la Constitución Política estableciendo que los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, de los que México forma parte, sean obligatorios y estén por encima de las leyes locales, siendo otro gran avance en la materia.

La tradición en la CNDH había sido que la encabezara un jurista de prestigio e independencia, no obstante que muchas veces se sospechara de cierta afinidad con el Gobierno en turno; sin embargo, con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, esta tradición se rompió y además de no ser una jurista es una declarada allegada al gobierno de AMLO, lo que le resta independencia.

Por todo lo anterior, y con la toma de las instalaciones de la sede de la CNDH, estalló la crisis, dejando descubierto un evidente vacío de poder y una desorganización absoluta. Tenemos una CNDH que ha dejado de hacer recomendaciones, en la que imperan grillas internas y sobre todo que ha abandonado a las víctimas. Debemos replantear qué queremos hacer con la CNDH, tal vez sea bueno hacer una reestructura a fondo o desaparecerla y crear un nuevo organismo con mayor capacidad y sobre todo que sus resoluciones sean vinculatorias. Hoy más que nunca la CNDH se necesita así misma.