El problema del agua y los derechos humanos

“Cuando proteges el agua, proteges la vida” 

A lo largo de la historia, el agua ha sido un tema de vital importancia. En Egipto, sus diversas ciudades se desarrollaron en los linderos del río Nilo; en el Imperio Romano, construyeron grandes canales y acueductos para llevar agua a toda la ciudad; Tenochtitlan fue instalada entre los lagos del Valle de México a través de grandes obras hidráulicas, siendo todos éstos, ejemplos de la unión agua-ciudad.

México, como las grandes culturas, ha estado ligado al tema del agua, ya sea por el exceso de este vital líquido o por su escasez, por ello, en nuestra Constitución Política de 1917, en su artículo 27, se estableció el régimen de propiedad de los recursos naturales, por parte del Estado, entre ellos el del agua, desde los ríos, lagos, lagunas etc., el cual tiene la rectoría para otorgar concesiones mediante la Ley de Aguas Nacionales.

Si bien el Gobierno federal tiene las facultades para la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales, el artículo 115 Constitucional, en su fracción tercera, inciso “A”, establece: “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales...”. Por lo anterior, tenemos constantemente el problema entre los gobiernos locales y el Gobierno federal, respecto de quién es el responsable por la falta de agua potable, y quién debe atender las inundaciones.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador proyectó seis grandes obras hidráulicas, para desarrollar en su sexenio, la más importante es la presa El Zapotillo, cuya construcción inició desde el año 2009, diseñada para suministrar agua a las ciudades de León y Guanajuato, así como el área metropolitana de Guadalajara; también se está construyendo la presa Picachos; el acueducto de La Laguna; la presa Santa María; el sistema de riego Alejandro Gascón Mercado y el sistema de abastecimiento para la Comunidad Indígena Yaqui. Todas son obras de gran importancia, pero son insuficientes para solucionar los problemas del desabasto de agua potable en todo el país.

El derecho al agua potable es un derecho humano universal; desde la observación general número quince, en el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas, señaló que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida, asimismo mediante la resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento, como esenciales para los derechos humanos, cuestiones que todas las naciones deben proveer a su población.

En México existe una descoordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, así como entre los municipios, estados y la Federación, por ello no existen planes de desarrollo integrales para sortear los problemas de escasez de agua en las grandes ciudades, también hay problemas para que las pequeñas poblaciones tengan acceso al agua potable; mientras esto no se solucione, seguiremos con los problemas de falta de agua potable, y con las inundaciones provocadas por las lluvias como “el cuento de nunca acabar”.