De la Constitución (5/5)

Leemos, en el tercer párrafo del artículo 25 constitucional, que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional (…) en el marco de libertades que otorga esta Constitución”, lo que parece correcto pues lo que se hará es planear, conducir, coordinar y orientar, y lo contrario es la improvisación que puede dar malos resultados, y lo que se planeará, conducirá, coordinará y orientará será la actividad económica nacional, de cuya buena marcha depende el bienestar.

El problema es que la “actividad económica nacional” no existe. Lo que existen son las actividades económicas de los particulares, por lo que la única manera de que el gobierno planee, conduzca, coordine y oriente la actividad económica nacional es planeando, conduciendo, coordinando y orientando las actividades económicas de los privados. Si así fuera (porque todavía no lo es), ¿dónde quedaría la libertad individual para producir, ofrecer y vender; demandar, comprar y consumir?

Parte de la respuesta la encontramos en el mismo párrafo, que habla del “marco de libertades que otorga esta Constitución”. Si en la Constitución se habla de libertades debe decirse “en el marco de libertades que reconoce y garantiza esta Constitución”, no que otorga. Somos libres, no porque la Constitución nos otorga libertades, sino porque tenemos, por naturaleza, la facultad para decidir y elegir.

Redactada así la Constitución, ¿el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, para demandar, comprar y consumir, está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado? ¿Hay economía de mercado en el sentido institucional del término? ¿Hay Estado de Derecho, Estado de Justicia, aplicado a la economía? No.

Centré la atención en las que considero, del capítulo económico de la Constitución, las amenazas más graves contra la libertad individual y la propiedad privada, contra la economía de mercado en el sentido institucional del término, contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Justicia, amenazas que, hasta ahora, han quedado en eso, amenazas: dejar claro que se quiere y puede hacer el mal. Por ejemplo, en términos generales, el gobierno no planea, conduce, coordina y orienta la actividad económica nacional, por más que, en términos particulares, tenga mucha injerencia en algunos sectores de la economía. ¿Qué pasaría si llegara al poder un marxista, convencido de que el progreso económico y el bienestar social se consiguen por medio de la planeación, conducción, coordinación y orientación gubernamental de las actividades económicas de los particulares, desde la producción hasta el consumo? Que la Constitución lo faculta para llevarlo a la práctica. De hecho lo obliga.

Mucho se ha hablado de las modificaciones que AMLO propuso a la Constitución, y de cómo algunas atentan contra la democracia, la república, la división de poderes y el Estado de Derecho. Más graves son las amenazas ya plasmadas en el texto constitucional, en su capítulo económico, de las cuales esta serie centró la atención en dos: las amenazas contra la libertad individual y la propiedad privada, mismas que, en aras de la economía de mercado en el sentido institucional del término, que es económicamente eficaz y éticamente justa, deben eliminarse.