De la pobreza (4/5)

Finalicé el anterior Pesos y Contrapesos afirmando que el problema es que, creyendo que donde hay una necesidad surge un derecho, las carencias sociales, que utiliza el Coneval para la medición multimodal de la pobreza, que son necesidades, han sido reconocidas como derechos, incluidos como tales en la Constitución, artículos tercero y cuarto, con la obligación del gobierno de garantizarlos, obligación que, como ya vimos, no ha cumplido: en 2022 el 65.7 por ciento de la población tenía al menos una carencia social y el 24.9 al menos tres.

¿Por qué afirmo que es un error reconocer como derechos lo que son necesidades? Porque la tarea esencial del gobierno es garantizar los derechos de los ciudadanos y, si se reconocen las necesidades como derechos, entonces el gobierno tiene la obligación de satisfacerlas, y entre satisfacer necesidades y garantizar derechos hay una gran diferencia. Es más, cuando el gobierno satisface necesidades viola derechos, en concreto el de propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto del trabajo.

Para que el gobierno satisfaga necesidades debe proveer satisfactores, para lo cual debe comprarlos, para lo cual debe pagar precios, para lo cual necesita dinero. ¿De dónde lo saca? De los impuestos, de la coacción que ejerce sobre los contribuyentes para que le entreguen parte del producto de su trabajo, de su ingreso, que entonces redistribuye por medio del llamado gasto social, algo que muchos consideran, en nombre de la justicia social, el bien común, y demás entelequias por el estilo, correcto.

Si crees que la gente debe vivir gracias al trabajo propio, a la generación personal de ingreso, no a la redistribución gubernamental del mismo; que la gente tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, de su ingreso; que la ayuda que nos brindemos unos a otros debe ser voluntaria, no impuesta por la fuerza, entonces no debes estar a favor del Estado de bienestar, y de su principal agente, el gobierno redistribuidor del ingreso, que le quita a A lo que, por ser producto de su trabajado, es de A, para darle a B lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de B, quien vive (al menos parcialmente), no gracias a su trabajo sino al de A, quien no se queda con el producto íntegro de su trabajo y a quien el gobierno obliga, por su intermediación, a ayudar a B. Así funciona el Estado de Bienestar, así opera el gobierno redistribuidor del ingreso, violando el derecho de propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto del trabajo. Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso: en 2023 el gasto social, producto de la redistribución del ingreso, será el 65.57 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se trata, como la llamó Federico Bastiat, de expoliación legal, aceptada como legítima tarea del gobierno por muchos, y utilizada como principal argumento electoral por los políticos en campaña. ¿Qué probabilidad de ganar tiene un candidato que no promete algún tipo de redistribución del ingreso?

La identificación arbitraria de necesidades como derechos da como resultado la degeneración del Estado de Derecho en Estado de derechos, que es Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de derechos viola el derecho a la propiedad privada sobre el ingreso, parte fundamental del Estado de Derecho.

Continuará.