Política = política fiscal (2/2)

Lo que vamos a ver con las campañas presidenciales son promesas irresponsables, y no sólo porque no se limitarán a las que corresponden a la legítima tarea del gobierno, la impartición de justicia, sino porque, probablemente, quienes las hagan, no habrán hecho las cuentas.

Y hacer promesas, sin saber cuánto costará su cumplimiento, y sin saber de dónde saldrán los recursos, es irresponsable, y más, todavía, si la información no se comparte con los electores, la gran mayoría de los cuales no está interesada en ella. Defectos de la democracia.

Para entender a qué me refiero, supongamos que uno de los candidatos eleva a rango de derecho una necesidad, y como la legítima tarea del gobierno es garantizar derechos, entonces debe satisfacer la necesidad que ahora, tramposamente, se considera un derecho. Satisfacer necesidades, para lo cual hay que proveer el satisfactor, cuesta, costo que genera un precio, que alguien paga. Si el gobierno satisface necesidades, es a los contribuyentes a quienes se les obliga a pagarlo.

Ante una promesa de ese tipo (“Si me eligen esta necesidad será considerada derecho y mi gobierno la satisfacerá”), el elector responsable debe preguntar: ¿cuánto costará?, ¿cómo se financiará?, ¿a quién se obligará a pagar?, ¿cuál será el costo de oportunidad?

Supongamos que costará cien millones de pesos al año. Estas pueden ser las maneras de financiarlo: un nuevo impuesto (pagan los contribuyentes); recortar alguna partida presupuestal y destinar esos recursos a financiar la satisfacción de la necesidad (pagan quienes ahora, por el recorte presupuestal, reciben menos de lo que recibían antes del mismo); contraer deuda (pagarán, cuando se tenga que liquidar la deuda, los contribuyentes, de cuyos impuestos echará mano el gobierno para pagar); producir dinero (suponiendo que el gobierno pueda obligar al banco central a imprimir billetes y dárselos para que los gaste), lo cual puede generar inflación (pierden los consumidores, cuyo dinero pierde poder adquisitivo); vender activos (suponiendo que los tenga y que los pueda vender), única manera de financiar la satisfacción gubernamental de la necesidad sin generar perdedores, ni entre los contribuyentes ni consumidores, pero que tiene un inconveniente: no es una fuente recurrente de ingresos, por lo que resulta inútil para financiar gastos recurrentes.

Además está el costo de oportunidad, referente a los gastos que deja de hacer el gobierno por dedicar recursos a la satisfacción de la necesidad considerada derecho, costo de oportunidad que, si el gobierno no cumple de la mejor manera posible con su legítima tarea, impartición de justicia (prohibir y prevenir la violación de derechos y, en caso de fallar, castigar al violador y obligarlo a resarcir), y suponiendo que ello se deba a falta de recursos, y no a deshonestidad o corrupción, no se justifica.

Decía Ricardo Medina (QEPD), que al final de cuentas toda la política es política fiscal, porque cualquier política supone gastos y, por lo tanto, ingresos, y que conviene que los ciudadanos tengan claro ¿cuánto cuesta?, ¿cómo se financia?, ¿a quién se obliga a pagar?, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuántos ciudadanos están interesados en tales temas? Pocos. Defectos de la democracia.