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Arturo Damm Arnal

Progreso económico (9/10)

PESOS Y CONTRAPESOS

Arturo Damm Arnal
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:

Defino al progreso económico como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa), y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social). Dos son las preguntas que hay que hacer: ¿de qué depende esa capacidad? y, más importante, ¿de quién depende?

¿De qué depende dicha capacidad? De las inversiones directas, destinadas a la producción de bienes y servicios, necesarias para minimizar la escasez por el lado de la oferta, la demanda y el poder adquisitivo del dinero. ¿De qué depende que directamente se invierta lo más posible? De la competitividad del país, de su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones, que depende del Estado de Justicia, por el cual los derechos de los agentes económicos, en este caso de los empresarios, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados.

¿De quién depende dicha capacidad? De los empresarios, quienes llevan a cabo las inversiones directas, y cuya tarea esencial es inventar mejores bienes y servicios, capaces de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, lo cual tiene que ver con la dimensión cualitativa del progreso, relacionada con lo que Schumpeter llamó la destrucción creativa: en el mercado, por el lado de la oferta, lo bueno sustituye a lo malo, lo mejor sustituye a lo bueno, y lo excelente sustituye a lo mejor, en un proceso de mejora que parece no tener fin (considérese, como ejemplo, la evolución de los teléfonos celulares o de las computadoras personales), destrucción creativa que genera competencia, no entre productos de la misma calidad (por ejemplo: entre teléfonos alámbricos, valga el neologismo, de distinta marca), sino de distinta calidad (por ejemplo: entre teléfonos alámbricos e inalámbricos).

En materia de inversiones directas el reto es doble: que se invierta lo más posible y que se invierta lo mejor posible, entendiendo por esto último que lo producido se ofrezca al menor precio posible y/o con la mayor calidad posible y/o con el mejor servicio posible, trilogía de la competitividad que se logra con la mayor competencia posible, para lo cual se requiere, como lo vimos en la tercera entrega de esta serie, que todo aquel, nacional o extranjero, que quiera producir, con capital nacional o extranjero, en cualquier sector de la actividad económica, u ofrecer, producto nacional o importado, en cualquier mercado de la economía, lo pueda hacer, lo cual implica respetar el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, Estado de Justicia, garantizando que se invierta lo más posible y lo mejor posible.

El progreso económico, minimizar la escasez y maximizar el bienestar, depende, no de las políticas económicas del gobierno, sino del marco institucional de la economía, que debe ser el del Estado de Justicia, siendo la tarea del gobierno, no la aplicación de políticas económicas, sino la formación del marco institucional correcto, que reconozca plenamente, defina puntualmente y garantice jurídicamente los derechos de los agentes económicos, lo que asegura que directamente se invierta lo más posible y lo mejor posible, en beneficio de los consumidores, siendo este el fin de la economía: el mayor bienestar posible de los consumidores.

Continuará.