Propietarismo (2/3)

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México limitó, porque quieren (malo) y pueden (peor), el número de días que un propietario puede ofrecer en renta, vía plataformas como Airbnb, su propiedad, lo cual viola el derecho a la propiedad privada, que es el derecho a la libertad individual para disponer de lo propio como se crea más conveniente, lo cual implica, entre otras posibilidades, decidir el precio al que conviene alquilar, el tiempo por el que conviene hacerlo y la persona a la que conviene rentarle, sin que nadie limite o prohíba esas decisiones.

Lo anterior es muestra de la creencia de los políticos de que pueden disponer de las propiedades de los demás como crean más conveniente, espada de Damocles que pende sobre la cabeza del derecho a la propiedad privada, propia del Estado de chueco, antítesis del Estado de derecho. Desafortunadamente no es la única amenaza al derecho de propiedad privada.

No olvidemos que, según el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, en México basta que el Congreso de la Unión expida una ley y que el Ejecutivo Federal la promulgue, en la cual se diga que este o aquel sector de la actividad económica es considerado estratégico, para que el mismo tenga que ser expropiado y gubernamentalizado (gubernamentalizado, no nacionalizado, es la palabra correcta), porque según el párrafo quinto del artículo 25, los sectores estratégicos deben estar en las manos exclusivas del Gobierno. Lo anterior quiere decir (como lo he explicado una y otra vez en estos Pesos y Contrapesos), que el derecho de propiedad privada de los medios de producción no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, no de derecho.

La amenaza no es, solamente, que los políticos crean tener el derecho de disponer de la propiedad de los demás como crean más conveniente y que basta con una ley para que puedan hacerlo, sino que, como se desprende del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional y del quinto del 25, basta que el Congreso de la Unión expida una ley y que el Ejecutivo Federal la promulgue, en la cual se diga que este o aquel sector de la actividad económica es considerado estratégico, para que el mismo tenga que ser expropiado y gubernamentalizado. ¿Y cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Los que señalen las leyes que expida el Congreso; es decir, cualquiera. ¿Qué tenemos? Inseguridad jurídica, la peor de todas las posibles, relacionada con el derecho a la propiedad privada, que en México no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, algo que, sobre todo con gobiernos de izquierda, más irrespetuosos que los de derecha con la propiedad privada, es una amenaza mayor.

El liberalismo, que es el respeto al ejercicio de la libertad individual, bien entendido y mejor practicado, debe ser propietarismo, que es el respeto al uso de la propiedad privada (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/propietarismo-1-5-0-572890), para lo cual se requiere del reconocimiento pleno, la definición puntual y la garantía jurídica del derecho a la propiedad privada, algo que en México no sucede, por lo que no ni propietarismo ni liberalismo.

Continuará.