Fin de la soberanía farmacéutica

Al Gobierno federal no le gusta importar maíz ni gasolina, pero sí medicinas. En julio del 2020 se reformó la Ley de Adquisiciones para permitir la compra directa de fármacos en el exterior. “Cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicamentos, pues se lanzaron en contra nuestra —dijo AMLO, casi un año después, en la mañanera del martes—. Y no han parado. Pero tampoco nosotros nos hemos detenido. Ya ven cómo somos. Y ya se van a comprar los medicamentos en el extranjero para romper el monopolio. Y ya lo vamos a lograr. Nos llevó mucho tiempo”.

Mucho tiempo y muchos muertos, víctimas colaterales de una política pública improvisada. Han tardado mucho tiempo en hacer realidad la nueva norma que acaba con la soberanía farmacéutica. Se trata del mismo Gobierno que se propone alcanzar las soberanías energética y alimentaria, pero que desprecia la consolidación de empresas mexicanas de medicamentos. El populismo se caracteriza, precisamente, por su inconsistencia: aunque ataca a ciertas élites políticas y económicas, a otras las apapacha. En la actualidad, el Gobierno federal subsidia a productores de maíz que no viven en la pobreza, pero empuja a la quiebra a una farmacéutica odiada (con motivos válidos o sin ellos). El Dr. Alejandro Macías lo señaló en Twitter cuando se aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones: “Nuestras regulaciones sanitarias son estrictas y eso es bueno; no cualquiera produce fármacos en México. Si se permite la compra directa en el extranjero, farmacéuticas de la India y China tendrán grandes ventajas sobre las mexicanas”.

En su diagnóstico titulado “Operación desabasto”, la organización Impunidad Cero explica, con pelos y señales, la causa de la carestía no sólo de medicamentos oncológicos, sino de muchos otros. Y documenta la inquina contra la empresa Pisa: “La Cofepris clausuró 7 de las 17 plantas de Pisa por el hallazgo de una supuesta bacteria en productos para tratamientos oncológicos. La autoridad aseguró que recibió una denuncia anónima sobre ocho pacientes del Hospital para el Niño Poblano que tuvieron reacciones adversas al medicamento en febrero de 2019, aunque no proporcionó mayor información”.

De acuerdo con Darío Celis, es negligencia criminal del Gobierno federal y, en particular, de la Secretaría de Salud, que se le siga negando a Pisa abastecer a los hospitales públicos de los productos oncológicos que demandan los niños, pues es el único laboratorio que hoy podría surtirlos.

Pero lo que se ha anunciado, como si fuera buena noticia, es que apenas se encargó la fabricación de las medicinas faltantes en Japón. Prefieren finiquitar su vendetta que solucionar el problema humano.

Y al triste espectáculo de las familias desesperadas se suma la vergonzosa imagen de López-Gatell y sus teorías del complot, secundado por simpatizantes que prefieren solidarizarse en la ignominia antes que reconocer errores.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.