a

Covid-19 en prisión

BAJO SOSPECHA

Por:
  • Bibiana Belsasso

Ayer en este espacio escribía sobre la historia de Guadalupe Buendía, La Loba de Chimalhuacán, quien se contagió de Covid-19 en el penal de Santiaguito, en el Estado de México. Tres días después murió el médico Armando Beato Córdova; tenía 62 años y fue el encargado de atender a la interna en el centro penitenciario.

Los familiares del médico acusaron a las autoridades de no proporcionar equipo de protección adecuado para salvaguardar la integridad del personal de la salud y de los custodios que han atendido casos de Covid-19 dentro de la prisión de Almoloya de Juárez.

Y es que hay un contagio importante en los distintos penales del país. Se dice que los reclusorios de México son tierra de nadie; que manda y sobrevive el más fuerte. En los reclusorios la sobrepoblación, las riñas, los amotinamientos, el tráfico de drogas y los homicidios son parte de la cotidianidad de los internos.

Los hacinamientos y la falta de higiene han hecho que, sin importar el estatus que hayan adquirido en prisión, todos estén en riesgo de contagiarse de este nuevo coronavirus. No importa si se es un despiadado sicario del narco o un simple ladrón, si tienes sentencia o estás esperándola; hoy todos los reos están expuestos.

Ya sea en el penal de Puente Grande, en Jalisco; el de Almoloya de Juárez o el de Santiaguito, en el Estado de México, o el de Tepic, en Nayarit, en casi todos los penales del país hay casos de contagio, y no se hacen pruebas hasta que los reos están en condiciones críticas.

A finales de abril tres agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron urgentemente a un hospital ante un posible contagio de Covid-19, esto luego de que estuvieran en contacto con tres imputados enfermos a quienes enviaron al Reclusorio Norte.

Pero el temor no sólo era por los uniformados, sino también por la población penitenciaria, debido a que los imputados dieron positivo a Covid-19 y podían infectar a otros internos, celadores, así como al personal de enfermería y administrativo que los atendieron una vez que ingresaron al penal.

El 10 de mayo, Moisés Escamilla May, alias El Gordo May, murió en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande, en Jalisco, a causa de Covid-19.

El líder de Los Zetas, de 45 años de edad, enfrentaba una condena de 37 años por delitos como delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Focos de contagio

Hasta el pasado lunes se tenía registro de 256 contagios en cárceles de 14 entidades del Sistema Penitenciario del país, de los cuales 45 son custodios o personal de los penales, así como 41 decesos.Foto: Cuartoscuro

Hasta el martes se contabilizan 93 casos confirmados por el virus entre personas privadas de su libertad (PPL) en Puente Grande.

De acuerdo con el Sistema Penitenciario, hasta el pasado lunes se tenían registrados 256 contagios de Covid-19, de los cuales 45 son custodios o personal penitenciario. En cuanto a los muertos, la cifra alcanza los 41, de los cuales 29 eran reclusos y 12 trabajadores del penal.

Sin embargo, para la organización de derechos humanos Asilegal, existe un subregistro de casos de Covid-19 en los centros penitenciarios del país, ya que sólo 14 de las 32 entidades han emitido información al respecto.

El estado con más contagios registrados en centros penitenciarios es Jalisco, con 106; seguido por la Ciudad de México con 34; el Estado de México con 23; Baja California con 22; Yucatán con 16; Chihuahua con 11; Chiapas y Puebla con 10, Oaxaca con siete; Tabasco con seis; Sinaloa con cinco; Morelos y Quintana Roo con dos, y Coahuila y Guanajuato con uno.

Lo cierto es que más allá de las cifras oficiales, en las últimas semanas se han presentado protestas al interior y el exterior de los centros, para exigir que se ofrezca atención médica adecuada ante los cuadros de coronavirus que presentan varios internos, así como información real sobre lo que ocurre al interior de las cárceles.

Para la organización Asilegal, la información que dieron a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, sobre que se han realizado mil 578 pruebas de diagnóstico en 11 centros penitenciarios "no sólo es insuficiente, sino también inverosímil, y que podría señalar la situación que se vive en los más de 300 centros que existen en el país, que albergan a más de 200 mil personas privadas de libertad".

Pero también está el tema de las preliberaciones por el Covid-19.

A mediados de abril, los gobiernos de la CDMX y el Edomex liberaron a reos que estaban catalogados dentro de la población en riesgo ante el coronavirus, pero este derecho sólo aplica para los que ya han sido sentenciados; los que están esperando sentencia, así sean mayores de 80 años, no se pueden acoger a esta medida.

En primera instancia, el Poder Judicial capitalino liberó a 78 presos, mientras que la Secretaría de Seguridad del Estado de México hizo lo propio con mil 894.

Ante la emergencia sanitaria, el Senado convocó a sus 128 legisladores a una sesión presencial para aprobar la Ley de Amnistía, que está pendiente desde diciembre de 2019, cuando se aprobó en San Lázaro.

La ley contempla liberar a procesados en el fuero federal por portación de droga, aborto y robo sin violencia. También a presos políticos e indígenas que no hayan tenido intérprete en su juicio.

Y mientras los senadores se alistaban para aprobar una ley para liberar a los presos ante el Covid-19, los estados ya aplicaban la medida.

Pero esta medida también ha tenido sus consecuencias. Usted recordará la lamentable situación ocurrida a principios de mayo, cuando dos grupos de personas irrumpieron violentamente en las instalaciones del Hospital General de Las Américas, en Ecatepec, porque no recibían información del estado de salud de sus familiares.

Una de esas familias iba en busca de Alexis, un joven de 28 años. Sus familiares lo encontraron en la morgue.

Tras los hechos, autoridades investigaron a la familia de Alexis, ya que había la probabilidad de un brote de coronavirus.

Se descubrió que Alexis era un exconvicto recién salido bajo el esquema de preliberación con brazalete.

Bajo este esquema, los convictos debían quedarse bajo arraigo domiciliario; sin embargo, Alexis no respetó ni el arraigo domiciliario ni el confinamiento por Covid-19, y asistió junto con su familia a una fiesta efectuada el 5 de abril. Alexis estuvo preso en el Penal de Ecatepec entre enero de 2018 y marzo de 2019 por delito de robo con violencia.

Controlar el contagio de Covid 19, ya sea en los penales, así como en algunos de los presos que han sido liberados, es un desafío. En algunos se han prohibido las visitas hasta nuevo aviso, pero los casos van en aumento.

Aquí en la Ciudad de México, el Sistema Penitenciario Capitalino se puso en alerta roja, pero este fenómeno está ocurriendo en todas las cárceles del país.

Los contagios por Covid-19 en el sistema penitenciario son cada día más complicados de controlar.