Los despilfarros de la 4T

El pasado sábado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que ha detectado pagos fuera de norma por miles de millones de pesos a proyectos y obras en 2019.

Se ha hablado tanto de la austeridad, que llaman la atención los millones de pesos, producto de nuestros impuestos, que se han despilfarrado en obras faraónicas o en cancelarlas, como ha sido el caso del aeropuerto de Texcoco.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tuvo un costo 232% mayor a lo previsto. Así lo reveló el estudio de la ASF, pero este monto podría incluso aumentar por la cancelación de algunos contratos.

En la construcción de la refinería de Dos Bocas, la ASF asegura que se han detectado pagos fuera de norma por 75 millones 591 mil pesos durante 2019.

Pero además hay reclamaciones de los trabajadores de explotación laboral. Denuncian que trabajan jornadas de más de 10 horas sin percibir pagos extra; además, aseguran que sus salarios son inferiores a los establecidos en un tabulador oficial.

En su tercer informe referente a la Cuenta Pública 2019, la ASF identificó que se pagaron fuera de norma 70 millones 700 mil pesos por diferencias detectadas entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados.

También se detectaron pagos por dos millones 706 mil pesos en diferencias determinadas en la revisión por el uso y cobro de maquinaria diferente de la ofertada y contratada respecto de la que realmente se utilizó para ejecutar los trabajos.

Además, el informe señala que se destinaron dos millones 183 mil pesos a duplicidad de pago de los mismos rubros considerados en diferentes conceptos.

Entre las observaciones de la ASF, señala que se contrataron los trabajos de la fase I de las plantas reformadora de naftas, de desintegración catalítica, de isomerización de butanos, isomerizadora C5/C6 y de alquilación, sin haber contratado previamente la ingeniería básica.

Perfilan más gasto

Pero no fue todo, la ASF señaló que "no fue conveniente iniciar" el proyecto sin que fuera evaluado por un documento oficial: "En esta etapa temprana es donde se identifica cuál es la oportunidad de negocio y la generación de las opciones técnica y económicamente factibles para su realización, por lo que aún no se contaba con la suficiente información técnica del proyecto… Se requería de una mayor maduración en el análisis de la viabilidad del proyecto de inversión. Esta situación incrementa el riesgo de que se materialicen factores originalmente no previstos que afecten el desarrollo de la refinería".

De acuerdo con el informe de la ASF, Pemex no tomó en cuenta los movimientos del petróleo crudo para hacer sus proyecciones de funcionamiento de la refinería y tampoco identificó, como parte de la viabilidad del proyecto, "la creación de empleos y el incremento de la inversión en la región".

Pero no crea que es todo lo que encontró la ASF, hay mucha más información, pero no pudieron hacer públicos todos los resultados, ya que prevalece el secreto comercial e industrial, según lo determinó Pemex en el oficio CA/COMAUD/AI/GEIR/0865/2020 del 6 de agosto de 2020.

"Pemex informó que el Caso de Negocio, los estudios y entregables del proyecto de inversión de la Refinería Dos Bocas, correspondientes a la etapa FEL I, están clasificados como información confidencial, puesto que contienen datos determinados como secreto comercial e industrial".

Pero la Auditoría Superior de la Federación no sólo detectó anomalías en Dos Bocas. El informe revela que están pendientes por aclarar o devolver 98 mil 974.6 millones de pesos de la Cuenta Pública 2019, de los cuales 43 mil 859.8 millones son considerados un probable daño patrimonial cometido en 182 instituciones.

De estos 43 mil mdp, 48 por ciento, que equivale a 20 mil 942.6 millones de pesos, fue detectado en 174 instituciones públicas.

De acuerdo con el informe, los estados de la república gastaron irregularmente 54 mil 766 millones 844 mil 700 pesos correspondientes a aportaciones federales, siendo los gobiernos de Chiapas y Morelos, los que acumulan los más altos probables daños patrimoniales ocasionados a la Hacienda federal.

En el caso de Chiapas, con el gobernador Rutilo Escandón al frente, la mayoría de los recursos federales considerados como daño al erario, más de 973 millones, fueron destinados a pagos a maestros. Hay que recordar que, en el estado, prácticamente todos los profesores están adscritos a la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE.

De acuerdo con el informe, el estado hizo un probable mal uso de recursos federales provenientes de siete fondos diferentes.

Se tratan de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, del Fondo Regional, así como de los programas de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Escuelas de Tiempo Completo.

Pero también la ASF encontró irregularidades en uno de los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las anomalías fueron por 57 millones de pesos. Y es que la ASF encontró que se le pagó 51 millones 213 mil pesos a jóvenes que se encontraban estudiando, cuando el objetivo del programa es capacitar a aquellos que no estudian ni trabajan.

Mientras que, en el caso de tres mil 188 jóvenes, se identificó que al mismo tiempo en que recibieron los cuatro mil pesos mensuales por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, también eran beneficiarios de apoyos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La ASF también identificó que 183 beneficiarios recibían al mismo tiempo parte del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Pero el colmo es que se encontró que durante el 2019 se les pagaron becas a 68 personas después que ya habían fallecido, lo cual representa un daño por 482 mil 400 pesos.

En el caso de las empresas, se identificó irregularidades por cinco millones 396 mil pesos, y es que, o no se encontraron o declararon nunca haberse inscrito al programa para fungir como centros de trabajos.

La ASF advirtió que la Secretaría del Trabajo no estableció un control ni un procedimiento efectivo en la validación y verificación de los documentos proporcionados por los aspirantes a becarios, como por los centros de trabajo.

En el caso del programa Pensión para Adultos Mayores, el ejercicio irregular fue de 992.6 millones de pesos.

Y es que, sin control alguno, el dinero se despilfarra, lo hemos visto que hasta los muertos cobran programas sociales.

Estamos en un momento crítico de salud para el país, y no hay recursos ni para medicinas.

¿Es justo que se despilfarre tanto dinero cuando la promesa que hay es que éste sea un Gobierno austero, en un México con tantas necesidades?