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Bibiana Belsasso

Encinas y la nueva investigación

BAJO SOSPECHA

Bibiana Belsasso
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:

Tras el nuevo informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa que presentó hace unas semanas Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, lo único que ha logrado es seguir polarizando el tema.

En la base del documento poco cambia con la verdad histórica, pero la consigna es encontrar culpables, que sea un acto criminal del Estado. Y sí lo es, pero del Gobierno municipal de Iguala de ese entonces, pero esa verdad no alcanza políticamente, por eso ahora quieren encontrar nuevos culpables.

Por un lado, están las filtraciones sobre el caso Ayotzinapa y la supuesta intervención del Ejército en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes normalistas, señalamientos sin ninguna prueba respaldados por Encinas, quien basa la investigación sólo con los dichos del jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo El Gil o El Cabo Gil.

Encinas acusó al general en retiro José Rodríguez Pérez, comandante del 27º Batallón de Infantería en Iguala. Junto con el general, tres de sus exsubalternos también están detenidos por el mismo delito: delincuencia organizada.

Y ahora la investigación se complica.

El día de ayer renunció Omar Gómez Trejo, quien dirigía las pesquisas desde junio de 2019 y, se dice, gozaba de la confianza de las familias de los 43 estudiantes y de sus abogados. Trascendió que esta renuncia se da por desacuerdos con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Se dice que el fiscal general exigió a Gómez Trejo que consignara el caso contra Jesús Murillo Karam ante el juez, acusando a Murillo de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

De Gómez Trejo se dice, pidió tiempo a Gertz para presentar el caso bien armado, a lo que no accedió el fiscal general de la República.

Y ahora, los abogados de los cuatro elementos militares, presuntamente ligados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, calificaron como “falsas” las imputaciones en contra de sus defendidos y, por tanto, anunciaron acciones legales en contra de Alejando Encinas.

En rueda de prensa en una de las puertas del Campo Militar número 1, los abogados Alejandro Robledo y César Omar González criticaron que un día después de darse a conocer el Informe Especial del Caso Ayotzinapa, se hayan librado al menos 13 órdenes de aprehensión en contra de militares.

Entre los señalados están sus defendidos: el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Ochoa y el sargento Eduardo Mota.

En la polémica

El subsecretario de Gobernación, en conferencia el pasado 23 de septiembre.Foto: Cuartoscuro

“Afirmamos que no es posible conocer la verdad y acceder a la justicia politizando este asunto y fabricando culpables. Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos y los ciudadanos así lo merecen”, dijo el abogado Alejandro Robledo.

Y es que las autoridades que hoy quieren buscar nuevos resultados en esta investigación llevan años en la vida política nacional, pero son casos que luego se le olvidan a la opinión pública.

Alejandro Encinas busca establecer una nueva verdad sobre el caso Ayotzinapa, teniendo un principal testigo que es un sicario confeso, renuncia el fiscal especial encargado de esta investigación, Omar Gómez Trejo, y las confrontaciones entre el fiscal general, los militares y él son cosa de todos los días.

Hoy les voy a recordar una historia de hace 12 años que involucra a Alejandro Encinas.

Siendo oposición en la Cámara de Diputados, Encinas ayudó a dar fuero a Julio César Godoy Toscano, diputado federal electo del PRD, a quien la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusaba de estar vinculado con Servando Gómez La Tuta, el líder de La Familia Michoacana.

Por ello, Julio César Godoy no había podido rendir protesta, ya que contaba con una orden de aprehensión. Julio César Godoy Toscano (JCGT) es medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

En 2010, presentamos en el programa Todo Personal, de ADN 40, una llamada telefónica entre Servando Gómez Martínez (SGM), La Tuta, y Godoy Toscano.

La Tuta era uno de los narcotraficantes más importantes del momento.

JCGT: “Oiga, cuando me junté con aquella gente que me trajeron arriba, me dicen que de donde me están agarrando es de la declaración de su muchacho y que de la declaración del que tenían aquí…”.

SGM: “Yo llevo legalmente lo de mijo… de mijo llevo declaraciones y todo. Como nunca testificó nada”.

JCGT: “¿Oiga y El Cede, qué declaró?” .

SGM: “Es cul…, es testigo protegido”.

JCGT: “También, ¿verdad?” .

SGM: “Compadre es que se me fue. Aceptó todo, ese gü… es testigo protegido, se acogió al programa”.

JCGT: “Que supuestamente los habían convocado a una reunión y que ahí…”.

SGM: “Y los dos nos dijo el compadre… con el único que he hecho reuniones es con usted…”.

En el gobierno de Leonel Godoy inicia la decadencia en materia de materia de seguridad en Michoacán. Fue justo el auge de La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios. La época de poder de varios líderes del crimen organizado, como Nazario Moreno, El Chayo; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango; Dionisio Loya Plancarte, El Tío, y el profesor normalista, Servando Gómez, La Tuta.

Pues al hermano del entonces gobernador y quien tenía llamadas con un narcotraficante conocido, Alejando Encinas lo defendió y lo cuidó. Incluso violó la ley para poderlo hacer.

Era 21 de septiembre de 2010, cuando los diputados del PRD, Alejandro Encinas, José Narro Céspedes y Guadalupe Acosta Naranjo, entre otros, orquestaron un plan para meter a Julio César Godoy a San Lázaro, iba oculto en una camioneta que no fue revisada por la policía debido a que los perredistas exigieron “respeto a su fuero”.

Julio César Godoy permaneció dos días en las oficinas de Encinas, el coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro por aquel tiempo.

Para el 23 de septiembre, Godoy Toscano se presentó en el pleno, en donde le fue tomada la protesta como diputado federal y así evitó ser llevado ante la justicia.

Sin embargo, la presión aumentó y las evidencias fueron cada vez más contundentes. Julio César Godoy estaba involucrado con la delincuencia organizada y Encinas tuvo que solicitar a Godoy que se entregara.

Pero era demasiado tarde. Cuando fue desaforado, el 14 de diciembre del 2010, Godoy aprovechó este recurso político, que le facilitaron sus compañeros de bancada, y se dio a la fuga.

Y con estos antecedentes es como Alejandro Encinas hoy busca llegar a una verdad que quede con la realidad política actual. Un caso como el de Ayotzinapa, que ha dado grandes réditos políticos para algunos, y que desgraciadamente nunca dará paz a los padres de los jóvenes desaparecidos.