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Bibiana Belsasso

Las ocurrencias para cambiar la Constitución

BAJO SOSPECHA

Bibiana Belsasso
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:

Chile lleva mucho tiempo en la discusión de si se debía o no modificar su constitución política a fondo. El tema era viable porque su carta magna data desde la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1989, éste fue el único país latino que permaneció con una constitución política de la dictadura militar.

Pero la carta magna de Chile se trató de modificar con muchas ocurrencias, las críticas no eran por la nueva constitución, sino por la redacción del texto. Desde el 2019, los chilenos votaron por el sí al cambio, pero uno que no sea impuesto con ideas de ultraizquierda.

Una vez que se obtuvieron los resultados en donde más del sesenta por ciento de los votantes lo hicieron en contra del cambio constitucional, el presidente chileno, Gabriel Boric, aceptó los resultados.

En un mensaje a la nación la noche del domingo, el presidente Gabriel Boric dijo que, a partir de esta semana, se reuniría con los líderes del congreso para empezar un nuevo proceso de cara a la reescritura de la constitución. Partidos y voceros de centroizquierda, así como de la derecha opositora que promovía el “rechazo”, se han comprometido a negociar para elaborar un nuevo texto o para modificar el actual, aunque aún se desconoce cómo será el proceso.

Para hacer la nueva constitución se trabajó con base en un órgano constituyente integrado por 154 personas elegidas, por primera vez en la historia, de una forma paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios. Esto suponía un triunfo para la democracia; sin embargo, lo que se intentó hacer fue construir una constitución de acuerdo con los intereses de la izquierda radical, aquella que no comulga con el debate, que sólo busca el clientelismo; los ciudadanos votaron en contra de eso.

El documento contenía 388 artículos y 57 normas transitorias de aplicación. Exigía la creación de varios organismos nuevos, como un servicio nacional de salud y un sistema de atención desde la cuna hasta la tumba, sin pensar en cómo se financiarían esas nuevas instituciones.

Uno de los temas más controvertidos de la propuesta de nueva constitución es el fin del “poder judicial”. En su reemplazo se crearía un “consejo de la justicia”, integrado por 17 personas, entre ellos ocho jueces, dos indígenas y otros cinco miembros nombrados por el congreso.

Las sentencias judiciales, la policía y el sistema nacional de salud tendrían que funcionar con una “perspectiva de género”, que no definía cómo debía ser trabajada.

Los analistas indicaban que el documento omitía algunas de las peores ideas propuestas en la asamblea, entre ellas la nacionalización de los recursos y la supresión del senado.

Y preocupaba la idea con la que se buscaba dar a los sindicatos el derecho exclusivo para representar a los trabajadores, les garantizaba la participación en la toma de decisiones de las empresas y les permitía hacer huelga por cualquier motivo.

La plurinacionalidad en la propuesta, en vez de reconocer a los pueblos originarios, buscaba ponerlos como ciudadanos de primera clase y a los chilenos que no son de pueblos originarios de segunda clase, pero eso en lugar de reivindicar a los indígenas buscaba polarizar más a los sectores sociales.

Chilenos rechazan nuevo trazo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, al emitir su voto de un plebiscito, el domingo.Foto: AP

Además, propusieron que “la justicia indígena sólo se aplicará a miembros del mismo pueblo, que sería voluntaria y no tendría competencia respecto de delitos penales”.

En cuanto al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, el debate se originó debido a sus límites, pues en el texto no se especifican circunstancias ni plazos, sino que se establece que será la ley la que determine las limitaciones para el ejercicio de esta garantía.

La nueva constitución, dicen los expertos, no protegería el derecho a la propiedad sobre las viviendas, que fue tan extendida, que los partidos oficialistas debieron dejar constancia escrita de que se protegería bajo toda circunstancia.

Proponía cambios al mercado de capitales, que fue el sustento de desarrollo del país en los últimos 30 años, pero sin establecer claramente cómo se harían y quién los iba a pagar.

También estaba la reforma del sistema de pensiones, basado en los ahorros individuales de los trabajadores, administrados por administradoras de fondos de pensiones privadas.

El sistema actual es la principal fuente de financiamiento local para muchas empresas en el país, y sus activos equivalen a cerca de 60% del PIB chileno.

Especialistas explicaron que el texto de la nueva constitución era bastante flexible, es decir, fácil de cambiar, incluso más que la constitución vigente, la cual ha sido modificada en 60 ocasiones.

De acuerdo con la revista The Economist, desde que se restauró la democracia, Chile ha sido un éxito latinoamericano. El PIB por persona se ha triplicado desde 1990 y la pobreza ha disminuido.

La decisión de Chile de sustituir la constitución comenzó en los primeros procesos de reforma, que surgieron desde el momento en que el poder volvió a la población civil, en 1989, y se extendieron hasta 2005.

En 2015, la exmandataria Michelle Bachelet presentó una ruta para cambiar la constitución, pero en 2018, el gobierno de su sucesor, Sebastián Piñera, planteó su deseo de no continuar con el proceso.

Para 2019, comenzaron nuevas protestas en todo el país, impulsadas inicialmente por el aumento en las tarifas del Metro, que equivalían a 4 centavos de dólar. Se quería una reforma.

Ante la situación y las exigencias, los políticos acordaron que someterían la constitución del país a un plebiscito y, en 2020, casi cuatro de cada cinco chilenos votaron a favor de reemplazarla; sin embargo, este domingo muchos salieron a festejar que no haya sido aprobada la nueva constitución, la cual, para muchos, no los representaba.

Los cambios son necesarios, pero no con base en ocurrencias y temas ideológicos. Qué bueno que los ciudadanos chilenos echaron para atrás una constitución trabajada más con ideología, que una que realmente funcione.

Hemos visto estos ejercicios, por ejemplo, en el Reino Unido, cuya población voto por el Brexit, para salirse de la comunidad europea, hoy enfrentan importantes conflictos desde la escasez de mano de obra hasta una inflación desbocada.

Chile busca un cambio, pero para perfeccionar el sistema.  Con simple ideología no se mejora la vida de los ciudadanos, y eso lo tendríamos que aprender aquí en México.