El reino de la impunidad

"En México sale barato matar", así lo decía yo en este espacio la semana pasada. Es lo más preocupante y desgarrador que he escrito, porque, además, todos los días hay casos nuevos y nadie paga por los asesinatos cometidos.

El pasado 7 de mayo en Guadalajara, Jalisco, los tres hermanos González Moreno fueron reportados como desaparecidos, 48 horas después localizaron sus cuerpos. Este caso llama la atención por dos razones: la primera fue que una de las líneas de investigación de la Fiscalía estatal es que se pudo haber tratado de una confusión. La otra es que hasta el momento no hay detenidos, a pesar de haber testimonios de que fueron privados de la libertad por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los niveles de impunidad en México indican que el 60 por ciento de los delitos denunciados se queda sin resolver. Una de las razones es la incapacidad institucional para resolverlos. De acuerdo con un análisis de la organización México Evalúa, la Fiscalía General de la República no cuenta con el personal suficiente para resolver los casos, 2 de cada 10 funcionarios realizan investigación, mientras que el resto hace tareas administrativas.

El caso de los hermanos González Moreno inició cuando un grupo de hombres con armas largas llegó hasta la colonia San Andrés, en Jalisco, para secuestrar a Ana Karen, de 24 años de edad; José Alberto, de 29, y Luis Ángel, de 32.

Los jóvenes vivían con su mamá, pero ese día ella no se encontraba porque se fue a cuidar a un familiar que padece cáncer. Su domicilio se ubicaba en la parte alta de una vivienda donde también vivía uno de sus primos con su esposa e hijos.

Al enterarse de los hechos, amigos y familiares salieron a las calles para exigir su aparición.

Ana Karen fue descrita por sus seres queridos como “alegre y positiva”, trabajaba en una empresa que forraba plásticos para autos y tenía pensado estudiar biología, veterinaria o estilismo.

José Alberto estudiaba Geografía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, institución que emitió un comunicado lamentando el asesinato de su alumno y de sus hermanos. Era el primer fin de semana que pasaba libre, luego de contagiarse de Covid-19.

Luis Ángel estaba comprometido y acababa de abrir su negocio de serigrafía.

El 9 de mayo, las autoridades informaron del hallazgo de los tres cuerpos en un lugar conocido como San Cristóbal de la Barranca, exactamente en el kilómetro 27 de la carretera Federal 23, a la altura de la comunidad El Pueblito.

Encontraron mensajes intimidatorios contra el gobierno estatal y amenazando que dejaran de enviar a civiles a realizar investigaciones, de lo contrario “les va a pasar lo mismo”.

El lunes 10 de mayo, la Fiscalía General de Jalisco informó que el secuestro podría estar relacionado con el ataque contra elementos de la Fiscalía General de la República en San Pedro Tlaquepaque, quienes hacían labores de escolta, y ocurrido el mismo día de la desaparición de los jóvenes.

La dependencia estatal asegura que la privación de la libertad de los jóvenes ocurrió poco antes de las 11 de la noche, mientras que la agresión en Tlaquepaque pasó después de las 11, además de que la persona que era custodiada por los agentes federales tiene una casa muy cerca de la que fueron raptados los hermanos, y otra a una cuadra de donde ocurrió la agresión en Tlaquepaque.

Claman justicia

El viernes 14 de mayo la Fiscalía estatal informó que había encontrado en el municipio de Tonalá, en la colonia Rancho de la Cruz, la camioneta con la que fueron privados de la libertad los hermanos, y en su interior había chalecos tácticos.

Cuatro días después, el 18 de mayo, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que catearon una casa relacionada con la desaparición y asesinato de los hermanos, la cual es considerada como el primer punto de cautiverio. Precisó que al interior del lugar había cuchillos de metal, una tabla, lentes, diferentes documentos, ropa, muebles y camas. Determinó que Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto murieron a causa de asfixia mecánica.

Sin embargo, la teoría de que fueron asesinados por vivir cerca de un funcionario fue descartada, porque la persona no realizaba tareas de investigación. También desecharon la hipótesis de secuestro, ya que no hubo comunicación con los familiares para pedir rescate.

A 17 días, ya se desecharon dos líneas de investigación que podrían resolver el caso, además de no contar con un solo detenido, algo que podría hacer pensar que en México los asesinos son tan profesionales que no dejan pista alguna o, por lo menos, son muy escurridizos para las autoridades.

En los casos de violencia de género también impera la impunidad. El caso de la maestra de secundaria Cristina Sánchez González lo demuestra. Luego de estar desaparecida desde el 20 de diciembre, su cuerpo fue localizado a principios de mayo.

La maestra, madre de un bebé de casi un año, tuvo una discusión en la madrugada con su pareja, por lo que decidió salir unos minutos de su casa, que se ubica en la colonia Camichines 2, en Tlaquepaque.

Amigos de la víctima indicaron que la mujer fue localizada por familiares y no por autoridades. En redes sociales publicaron: “exigimos a las autoridades que no fueron capaces de encontrarla, que ahora investiguen quién hizo esta monstruosidad”.

Otro ejemplo es el ataque a personal de un centro penitenciario de Michoacán. La noche del miércoles 19 de mayo, 3 funcionarios del Centro Penitenciario de Lázaro Cárdenas fueron asesinados en la puerta de acceso al penal, ubicado en la carretera Lázaro Cárdenas-La Mira, a la altura de la desviación al Bordonal, dos trabajadores más resultaron lesionados.

Los funcionarios iban a bordo de una camioneta, al ser atacado el conductor la unidad se precipitó hacia un canal de agua pluvial.

Aunque la Fiscalía estatal confirmó el ataque, no identificó a las víctimas, pero medios locales informaron que se trataba de Andrés Mederos, director del penal; Gonzalo Mendoza, jefe de seguridad y Abel Béjar, encargado de los talleres de enseñanza.

Antes de esta emboscada, el director del penal había solicitado reforzar la seguridad, pues detectó que, a las afueras del penal, civiles con armas de grueso calibre realizaban recorridos de vigilancia, sin embargo, el apoyo nunca fue revisado ni atendido. Por estos hechos un funcionario y tres custodios del penal fueron detenidos.

Tan sólo en abril de 2021, la incidencia delictiva en México alcanzó los 174 mil 480 delitos, según el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su más reciente Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, de ellos, 40 fueron registrados como secuestro.

La organización México Evalúa asegura que los delitos de alta complejidad no son resueltos, precisa que tan sólo 1 de cada 10 casos que llegan ante el ministerio público son vinculados a proceso. Es decir, tiene elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación.

Y en la mayoría de los casos la justicia nunca llega, vivimos en el país de la justicia inútil, el reino de la impunidad, donde los asesinos nunca pagan y a las víctimas no les llega la justicia.