AMLO y la SCJN. ¿Perder ganando?

¿Perdió la justicia, ganó la política? Con el fallo de la Suprema Corte a favor de la consulta popular que tanto impulsó el Presidente López Obrador, pero en contra de la pregunta que tanto deseaba el inquilino de Palacio Nacional, el resultado de la ecuación es un inédito empate de intereses y objetivos.

Adversarios, opositores, intelectuales orgánicos y malquerientes de AMLO lamentan la resolución, lloran por la pérdida de independencia del Poder Judicial, critican a su presidente por dejarse intimidar.

Sin embargo, el ministro Arturo Zaldívar aclaró el fondo y sustancia del histórico resolutivo. De inicio, señaló que la independencia de la Corte no estriba en si le da la razón o no al Presidente.

Lo que pasará con la consulta —que ya pasó, ganará el “sí”— no será vinculante para la Fiscalía General de la República (FGR) ni para el Poder Judicial porque “los sistemas de procuración e impartición de justicia no están sujetos a consulta. Se tiene que realizar lo que manda la ley al margen de la opinión pública”.

Guía e impulsor aparente para que sus pares declararan constitucional la consulta popular, acepta sin ambages que el ejercicio servirá para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo creen “comisiones de la verdad” que, como la redacción final subraya; “emprendan procesos de esclarecimiento sobre decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

Y más, que la consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales que estén en trámite o que puedan presentarse. Tampoco promueve ni estimula a la FGR para abrir investigaciones por cuenta propia sobre hechos específicos como presuntos sobornos de Odebrecht, o haber declarado guerra al crimen organizado, o saquear a través de enciclomedia, instrumentar el Fobaproa, firmar el primer TLC neoliberal o lo que usted guste o imagine.

El aparente triunfador de este episodio lo reconoce; la nueva pregunta —ésta sí, constitucional— “es genérica, no es clara, confunde”, pero ni modo, es lo que se pudo. La consulta va. La promesa presidencial de promover la democracia participativa se cumplirá. Importante victoria política, válvula de alivio social, hito sin consecuencia jurídica.

Será pues, una consulta popular inútil que se gestó como una astuta jugada electoral para incidir, para ganar por anticipado la confirmación de mandato, mantener mayoría legislativa en 2021 y conservar el poder cuasi absoluto que detenta, con legítimo deleite, el Presidente López Obrador.

Zaldívar Lelo de Larrea apuntó; “La Corte no aprobó lo que mandó el Ejecutivo, decidió que la materia era constitucional y reformuló completamente la pregunta, entonces realizó su función de órgano regulador de la constitucionalidad”, punto final.

Toda sentencia jurídica deja siempre a una de las partes conforme y a la otra no; es natural, inevitable. La salud política se fortalece en la medida en que la polarización se debilita. El fallo de la SCJN logró salvaguardar derechos en ambas posiciones, los de puristas de la Constitución y la de aquellos que privilegian el sentido político por sobre la razón jurídica. Pensándolo bien, no estuvo mal.

Sanos destapes. La confirmación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, acerca de su interés para contender por la gubernatura de Sonora, no es noticia, estaba cantado.

Con el visto bueno de su jefe, Durazo Montaño emprenderá un camino sin garantía ni retorno. A su favor juega el membrete de Morena y la vinculación de su imagen a la del Presidente López Obrador, lo que pesa más que cualquier juicio sobre resultados de su gestión en materia de seguridad y violencia.

Detrás de Durazo, Pablo Amílcar Sandoval, superdelegado del Gobierno federal en Guerrero y hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, renunció a su encargo para buscar la gubernatura de Guerrero.

Al margen de los grupos, radicales o moderados que cada uno representa y del nuevo mapa partidista después de julio del próximo año, estos “destapes” honran la intención de AMLO para transparentar aspiraciones, inhibir abusos en el servicio público, quitar vicios politiqueros y atajar la corrupción en otra de sus tantas manifestaciones. Sano comienzo, largo camino.