Balazos, no abrazos

El crimen organizado se empodera con el atentado en contra del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Los abrazos no aplanan la curva de la violencia que desde hace 13 años y contando, nos azota. El arrojo criminal crece frente a la estéril prédica del deber ser.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, brilló en la oscuridad anímica de las primeras horas. Con tono mesurado, fue prudente con sus palabras. En horas canallas el temple resalta. Dejó a la Fiscalía la custodia del debido proceso, resistió tentaciones protagónicas, no acusó, no amenazó, tampoco minimizó el atentado ni se fugó en el corrupto pasado neoliberal.

Omar García Harfuch vive milagrosamente para contarlo; no fue una amenaza ni un aviso para espantarlo, fueron por él sin importar la visibilidad de la zona y de la ciudad, sin reparar en que no hay más elementos de seguridad por cada 100 mil habitantes que en la CDMX; lo iban a matar en las Lomas de Chapultepec o en la Zona Rosa, a unas cuadras del cuartel general de la Secretaría de Seguridad. Prepararon terreno, logística y escuadrones.

El 17 de junio, el periodista Raúl Rodríguez Cortés, reveló en su columna de El Universal, el contenido de unas conversaciones telefónicas entre jefes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) interceptadas por agentes de inteligencia federal validadas por peritos de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en las cuales, planeaban atentar contra un funcionario de alto nivel.

Los blancos potenciales eran: El canciller Marcelo Ebrard por firmar la extradición de Rubén Oseguera González, El Menchito hacia Estados Unidos. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el congelamiento de 1,939 cuentas, empresas y negocios relacionados con el CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, cabeza de la estrategia antinarcóticos del Gobierno o el jefe de la policía en la CDMX, Omar García Harfuch, por los golpes asestados a las estructuras del narcomenudeo del CJNG en la capital nacional asociadas a la banda La Unión Tepito.

La DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien dé información que lleve a la captura de El Mencho. Su organización es depredadora de otros clanes criminales, como el de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, cuyo líder José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, juró en lacrimógeno video, que primero serviría a los señores de la frontera o de Culiacán que ceder su territorio al expansivo CJNG.

El poder económico de El Mencho y asociados se dimensiona en el Operativo Agave Azul coordinado por la DEA ejecutado por la UIF el primer día de junio. El Presidente López Obrador reveló al día siguiente que fue Estados Unidos quien ordenó el inédito megacongelamiento.

Su capacidad operativa se presume con la contratación de cerca de 30 matarifes, de los cuales, ayer se detuvo a cerca de la mitad. Sicarios desechables. Hace 10 días en Colima asesinaron al juez federal Uriel Villegas y a su esposa Verónica Barajas a las puertas de su casa; en la hoja de casos del magistrado destacaba la frustrada orden de traslado de penal al Menchito.

El protagonismo del CJNG no se inhibe frente a los llamados pacifistas del Gobierno de la 4T. Luce poderoso a pesar de las detenciones y los bloqueos a sus fuentes de financiamiento, lavado de dinero y liquidez.

Pretender matar a Omar García Harfuch no puede ser leído sólo como el reflejo del buen quehacer de la autoridad local y federal. Ladran porque cabalgamos, no cabe en este contexto. La emboscada de ayer no fue un desafío, es un mensaje. El CJNG no respeta ni teme a una autoridad que apuesta todo a las palabras, al miedo ajeno y al tiempo perdido.

La seguridad del Presidente, funcionarios y autoridades no es cosa de fe ni superchería, es asunto de Estado. La gobernabilidad transita por la justicia social, por la equidad y oportunidades para todos donde la austeridad y la honestidad oficiales ayudan; sin embargo, absolutamente todo descansa sobre la certeza primaria hoy ausente, que el monopolio de la violencia reside en el Gobierno, no en los criminales.