Equidad salarial: gracias, pero no

A mediados de semana, el Senado de la República aprobó en comisiones modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en lo concerniente a personas deportistas profesionales. Si bien la medida abarca todos los deportes, la discusión se ha centrado en el futbol femenil, en donde se ha puesto sobre la mesa un complejo panorama con muchos claroscuros.

El surgimiento en nuestro país de una liga femenil de futbol profesional bien montada, competitiva y con reflectores cada vez mayores, es un gran logro que hace apenas una década lucía inalcanzable. Se trata, pues, del sueño hecho realidad para cientos de jugadoras que simplemente no tenían un espacio para desempeñar de forma profesional su deporte y al cual únicamente un puñado de privilegiadas podía acceder, emigrando a las ligas femeniles de otros países.

Logrado este hito, inevitablemente surgió otro tipo de dificultadas relacionadas con el desempeño de cualquier actividad profesional y, específicamente, referentes a problemáticas y distinciones por motivo de género, como lo son brechas salariales abismales entre hombres y mujeres futbolistas, lo cual, en este ámbito en específico, es particularmente evidente.

El deporte profesional puede tratarse como un rubro aparte. Se trata de un negocio en sí mismo, en el que intervienen diversos agentes económicos —como medios de comunicación y patrocinadores— que inciden directamente en las fuentes de ingreso de los equipos y de quienes lo practican, más allá de lo que puedan percibir directamente por taquilla. Entre más atractivo sea el producto —los partidos de futbol, en este caso—, más fuentes de ingreso tendrá por concepto de derechos de transmisión, compra de espacios publicitarios y toda la mercadotecnia en torno a equipos o jugadoras en específico.

La medida aprobada en comisiones del Senado busca la equidad salarial en sueldo base y prestaciones entre hombres y mujeres —que no igualar sueldos, lo cual es actualmente inviable—, pues muchos equipos femeniles no cumplen con las obligaciones laborales mínimas mandatadas por ley para con sus jugadoras. Según datos de los legisladores promoventes de la medida, mientras que el sueldo promedio en la liga varonil ronda los 650 mil pesos mensuales, en la femenil se encuentra por debajo de los 4 mil, lo que da muestra no sólo de una brecha innegable, sino hasta ofensiva.

Si bien cualquier medida que busque acortar estas distancias es deseable y necesaria, en los hechos, resulta contraproducente —al menos, a decir de las dirigencias de los equipos—, pues podría implicar su desaparición y de la liga femenil misma, ante la incapacidad de las dirigencias de costear un incremento aproximado del 43% de sus gastos de manera súbita.

Se trata, pues, de una política pública más que suena muy bien en el papel pero que, en los hechos, parece ser inoperante. Valdría la pena incluir a los involucrados en la discusión de la ley y evaluar si es el momento adecuado para promover acciones afirmativas —definitivamente necesarias— so pena de sacrificar los ámbitos de acción que buscan regular y que mucho trabajo costó conseguir.