Admite Corte impugnaciones al Plan B

A unos días de la segunda marcha ciudadana contra el Plan B de Reforma Electoral, que intenta desmantelar al INE, la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite un inicial bloque de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, entre ellas la Ley General de Comunicación Social, cuya entrada en vigor suspendió, lo que impedirá que se aplique en los estados de México y Coahuila, en los que habrá elecciones de gobernadores en junio próximo.

Fue el ministro Alberto Pérez Dayán el que dio entrada a esas primeras impugnaciones de las decenas que fueron presentadas por partidos políticos de oposición, integrantes del Consejo General del INE, diputados y senadores y una mayoría de municipios que también las presentaron ante el alto tribunal de justicia, que será el freno para esa polémica propuesta del Ejecutivo federal.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El pleno del Senado discutirá y aprobará hoy los temas pendientes del Plan B de Reforma Electoral, con el que se pretende acabar con el INE, para después remitir la minuta al Ejecutivo federal para su promulgación, hasta que la Suprema Corte resuelva las decenas de impugnaciones constitucionales que ha recibido y que empezó a desahogar. Lo que se eliminó fue la llamada “cláusula de vida eterna”, con la que se pretendía evitar que los partidos que no alcanzaran el porcentaje oficial de votos, mantuvieran su registro.

Alienta el hecho de que, al frente del alto tribunal de justicia, esté una ministra de la talla de Norma Lucía Piña Hernández, de reconocida trayectoria en los años que ha estado en distintas áreas del Poder Judicial, y cuya honorabilidad, rectitud y valentía en el cumplimiento y aplicación de la ley son sobradamente sabidas e impida esa obsesión de debilitar al INE hasta su virtual extinción.

Tras un juicio que se prolongó cuatro semanas en la Corte de Brooklyn, y de tres días de deliberaciones, el jurado integrado por una docena de personas jóvenes, declaró culpable de cinco delitos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuya sentencia le será dictada el 27 de junio. Conspiración por importación de cocaína, distribución de la droga, comercialización por ser parte de una empresa delictiva y falsedad en declaraciones a un agente de migración, son los cargos que se le imputaron.

Después de que el jurado declaró culpable de los cinco delitos vinculados al narcotráfico a quien fuera su secretario de Seguridad Pública y con el mismo afán de venganza que priva en la 4T contra el expresidente Felipe Calderón, dirigentes, legisladores y militantes de Morena, coincidieron en proclamar que después de García Luna, sigue él y Vicente Fox en ser juzgados.

Trifulca y heridos en la Cámara de CDMX.