a

Gabriel Morales Sod

El proceso contra Trump

VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

Gabriel Morales Sod
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:

Los testimonios públicos y las revelaciones del comité del congreso estadounidense, que investiga el intento de golpe de Estado del expresidente Trump, han sacudido el país norteamericano. La investigación ha dejado claro que Trump no solamente sabía que había perdido la elección, sino que conspiró con asesores, abogados externos, grupos paramilitares y medios para tratar de subvertir los resultados y robar la presidencia.

Sin embargo, el comité especial no tiene el poder de presentar cargos en contra del expresidente, esto corresponde al departamento de justicia. Hasta el momento, aunque los medios han revelado que la procuraduría ha cuestionado ya a varios testigos e incluso confiscado teléfonos, emails y récords de individuos involucrados, no se sabe si el fiscal Merrick Garland presentará cargos en contra del exmandatario.

Para muchos parece natural que después de las revelaciones del comité el Estado presente cargos. Sin embargo, a diferencia del comité, que puede seleccionar la evidencia que desea, sin tener que enfrentarse los argumentos del acusado ni comprobar que cometió un delito, la fiscalía necesita presentar un caso fuerte para lograr vencer un amparo y convencer a un juez de la culpabilidad del expresidente. Además de esto, para tener éxito, el fiscal tendría que demostrar no solamente que Trump tenía la intención de cometer un crimen, sino que tomó acciones concretas para llevar a cabo su plan, algo que parece mucho más complicado de corroborar.

De acuerdo con lo que sabemos, la fiscalía podría seguir tres líneas distintas. El primer cargo que podrían presentar sería una acusación por conspiración sediciosa; es decir, acusar al entonces presidente de conspirar con un grupo de personas para tomar el poder de forma violenta. Aunque ahora sabemos que Trump sabía que la manifestación del 6 de enero se tornaría violenta y que usó su Twitter para indicar a sus seguidores el plan para retener el poder, será difícil para la fiscalía probar el contubernio entre las partes, especialmente porque el presidente cuenta con la protección de la Primera Enmienda, que protege su derecho de expresión. La segunda línea posible es un cargo por conspiración para defraudar a Estados Unidos; al igual que en el primer caso parece posible probar la intención del presidente, por ejemplo mostrando su intento de obligar a oficiales electorales a cambiar los resultados de las elecciones en distintos estados; sin embargo, de nuevo, probar acciones concretas parece difícil.

La tercera y más probable línea de investigación, sería acusar al expresidente por el delito de obstrucción a un proceso oficial. Las investigaciones del comité han revelado un plan organizado de Trump y sus allegados para convencer al exvicepresidente Mike Pence de detener el conteo de los votos de los delegados de varios estados. Sin embargo, para que el departamento de justicia pudiera ganar el juicio necesita encontrar evidencia y no sólo argumentar la intención. Por ejemplo, tener certidumbre de que el expresidente le haya dicho a alguien de su círculo interno que sabía que había perdido, y que éste era un plan para robar la elección. Juicio o no, el trabajo del comité ha sacado a la luz un intento de golpe de Estado sin precedentes en la historia de ese país.