El honorable ministro Javier Laynez

La noche del viernes 24 llegó la noticia que cayó como una bocanada de aire fresco y esperanza ante el enrarecido y estresante ambiente político nacional.

Así como previamente se había ordenado la restitución del secretario ejecutivo del INE —el primer revés judicial al denominado “Plan B”—, un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos informó esa noche que el ministro instructor en la controversia constitucional planteada por el INE contra la reforma, el prestigiado y sobresaliente jurista Javier Laynez Potisek, había concedido la suspensión de todos los artículos impugnados del decreto publicado el 2 de marzo (es decir, el segundo conjunto de cambios legales que conforman la regresiva contrarreforma electoral aprobada y promovida por el régimen actual).

Sin duda es una extraordinaria noticia para la democracia mexicana. Obviamente, lo determinado por el ministro Laynez es una medida transitoria, mientras se desarrolla el juicio correspondiente al fondo de la controversia constitucional y el Pleno de la Suprema Corte emite su sentencia, la cual llegará dentro de unos meses. Aun así, la suspensión dictada es de la mayor trascendencia para el país y envía mensajes muy claros a todos los actores políticos y a la ciudadanía: que —gústele a quien le guste, y disgústele a quien le disguste— la efectiva división de poderes es fundamental para la vigencia de la democracia y que —más allá de que el gobierno sea dirigido por una sola visión y que ésta sea respaldada por una mayoría legislativa— hay elementos en una democracia que no se pueden tocar: los derechos humanos, los derechos político-electorales y, por supuesto, la plena independencia, autonomía e imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones. Todo lo cual se opone a esa obcecada idea de los poderosos de hoy, de que la forma en que se debe entender y conducir al país ha de ser con una noción parcializada y partidizada de “justicia” que desconoce la pluralidad, es alérgica al diálogo y —lo más preocupante— se basa en la idea de que la Constitución y la ley son estorbos y hay que pasar por encima de ellas, si es necesario, para lograr sus fines políticos sectarios (“la voluntad del pueblo”, dicen ellos; interpretada de manera infalible por ellos mismos, por supuesto).

Javier Laynez no hizo otra cosa que lo que mejor sabe hacer, en su condición de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: actuar como garante último de la Constitución y del Estado de derecho en el país. Nada menos que eso. Resulta, pues, muy llamativo que algunas voces de legisladores —con un profundo desconocimiento de la Constitución que juraron guardar y hacer cumplir, sin entender, aunque deberían, que el respeto a ese juramento implica que hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer bajo dicha norma suprema— emitan opiniones sobre el hecho de que un ministro instructor de la Suprema Corte tome decisiones para las que está constitucional y legalmente facultado. Supina ignorancia, pues… a menos de que esas opiniones hayan sido emitidas desde la mala fe o bajo consigna. En todo caso, delirantes.

Hace unos meses, el ministro Laynez nos obsequió una de las frases más memorables de un ministro en una sesión del Pleno de la Suprema Corte en lo que va del siglo —lo cual es mucho decir, en todos los sentidos—, respecto a la absurda consulta popular de 2021 que pretendía juzgar, bajo una tramposa redacción, a algunos expresidentes de la República. Dijo el ministro en aquella ocasión: “la justicia no se consulta”. Ante las enormes presiones políticas a las que está sometido, no solamente él, sino buena parte del Poder Judicial, el ministro Laynez responde nada más que con la Constitución en la mano. ¿Es tan difícil de entender?