Una reforma inaceptable

Llegamos al cierre de un año 2022 tal como empezó: con una intensa reflexión y discusión en el ámbito electoral y embates a los árbitros electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral. Hace un año, la discusión giraba en torno a la asfixia presupuestal al INE, entre otros ataques, ante la organización de la —hoy sabemos fallida— revocación de mandato.

Actualmente, tenemos la discusión de una posible Reforma Electoral, aunque todo indica que la coyuntura política impedirá su aprobación a nivel de la reforma constitucional, como obcecadamente ha impulsado el Gobierno.

Más allá de lo que eventualmente se pueda acordar y negociar, no hay que olvidar el punto crucial de la discusión: no debe aprobarse ninguna reforma regresiva, que limite la autonomía de las autoridades electorales (INE, Tribunal Electoral y organismos públicos locales electorales). Durante décadas, varias generaciones de mexicanos han contribuido a que, en un país crecientemente convulso en cada vez más frentes, tengamos en el INE la garantía de que se celebran elecciones federales cada tres años, ininterrumpidamente y con elevadísimos estándares de calidad.

Si algo hemos aprendido colectivamente, es que cualquier reforma político-electoral debe ser idealmente aprobada por unanimidad o, por lo menos, con un amplísimo consenso de los partidos políticos más relevantes; también que, cuando se trata de un cambio operativo significativo de reglas, siempre será prudente inaugurarlas en una elección intermedia y no en una presidencial, concurrente además con un altísimo recambio de personal político en los ejecutivos y legislativos federal y estales.

Hay, por supuesto, aspectos que se pueden y se deben discutir para mejorar el sistema electoral: el modelo de comunicación política, que es un horror; el financiamiento de los partidos políticos, que es exagerado; valorar los beneficios del voto electrónico o la facilitación de mecanismos como el voto anticipado, para quienes se vean imposibilitados de acudir el día de la jornada electoral; discutir si es adecuada la fórmula actual de 60% mayoría relativa y 40% representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados, o si es conveniente la actual forma de integración del Senado. Pero, en todo caso, lo central es que se respete y se recree la pluralidad política que ha sido el sello característico de la consolidación democrática del país.

Hay fortalezas de nuestro régimen electoral que bajo ninguna circunstancia deben dinamitarse. Es absurdo plantear la votación popular para el nombramiento de consejerías y magistraturas electorales, o que el padrón electoral salga del INE para regresarlo a la órbita del Gobierno, o mecanismos de financiamiento público y de acceso a medios de comunicación que favorecerían al Gobierno y restringirían la viabilidad de una pluralidad competitiva, o que interfieran con la estructura organizativa interna del INE, o que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos no esté en manos de perfiles de auditores técnicos especializados e independientes, sino de un área designada por la Cámara de Diputados.

Justamente, hace unos días el INE aprobó sanciones —impugnables por los partidos afectados y que definirá el Tribunal Electoral— por 673 millones de pesos, prácticamente la mitad correspondientes a irregularidades cometidas por Morena en sus gastos ordinarios de 2021. Júzguese lo que podría pasar sin un fiscalizador autónomo y que viviera sometido a las presiones políticas de sus auspiciantes.