Reforma judicial a machete

Los cuarenta días que corren del día de hoy al término de septiembre, pueden representar un cambio de época que dé por terminada una etapa de democracia pluralista, para inaugurar un periodo de profundo deterioro institucional.

En los próximos días, los consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobarán el proyecto de asignación de diputaciones federales de representación proporcional —lo que, en la discusión pública, se ha centrado en la previsible sobrerrepresentación de la coalición oficialista—, misma que, tras ser seguramente impugnada, será determinada en definitiva por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A ello hay que añadir la nueva versión del dictamen de la reforma constitucional al Poder Judicial. Detengámonos en este último punto. Ni bien se supo el resultado de la jornada electoral, lo primero que hizo la candidata ganadora fue confirmar que la reforma al Poder Judicial se realizaría sí o sí. Al paso de los días, la Cámara de Diputados realizó distintos foros para escuchar opiniones respecto a la iniciativa planteada el 5 de febrero por el Presidente, que básicamente tiene que ver con la elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros, lo que en la práctica representaría el fin de la carrera judicial, la captura y politización del único de los poderes del Estado que no estaba sometido al régimen y, con ello, el fin del contrapeso más importante a sus pulsiones autoritarias e inconstitucionales, a las cuales ha sido tan proclive.

Los foros señalados fueron una simulación. Aunque en ellos participaron algunas voces críticas a la propuesta de reforma —entre las que se cuentan las barras de abogados, académicos y, muy destacadamente, los ministros de la Suprema Corte que defienden la autonomía del Poder Judicial (obviamente con la previsible excepción de la tercia de ministras ya bien identificadas)—, si revisamos el dictamen divulgado el viernes pasado, queda más que claro que los legisladores de la coalición oficialista sólo escucharon lo que querían escuchar de parte de las sesgadas voces coincidentes con sus posturas.

Podrán decir que, aunque la petición presidencial original fue que no se le cambiara “ni una coma” a su iniciativa de febrero, se formula ahora un dictamen que sí presenta algunos cambios. El más relevante es el cese inmediato de la mitad de todo el personal de la Judicatura; tal determinación sigue siendo una atrocidad, una burda ruta para destruir al capital especializado del Poder Judicial.

El dictamen contiene, además, mensajes deleznables para intentar asegurarse el favor de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, e inmorales “incentivos” para que los ministros de la Suprema Corte terminen su periodo de encargo de manera anticipada. A los primeros, les abre la posibilidad de incrementar por un puñado de meses su actual encargo y les muestra la puerta para llegar a la Corte; a los segundos, les condiciona su pensión vitalicia a su renuncia anticipada. La lectura y maniobra no puede ser más burda: a los ministros, para que den un paso de costado ahora, de modo que no corra riesgo su haber de retiro; y si los magistrados electorales conceden a la coalición morenista la sobrerrepresentación y/o los premias con otros favores, abre la posibilidad de recompensarlos; de lo contrario, la presión y el fustigamiento al que serán sometidos serán inclementes. Todo pedestre; pestilente, incluso.