Sobrerrepresentación legislativa

Partamos del hecho de que la perfecta equivalencia entre el voto popular y la representación legislativa es prácticamente imposible, aun en sistemas de representación proporcional pura.

En el caso mexicano, el diseño del sistema electoral genera, de entrada, importantes distorsiones, empezando porque no es puramente proporcional, sino mixto en la integración del Poder Legislativo de la Unión.

La polémica actual que tiene que ver con todo esto la atizó la Secretaría de Gobernación el 5 de junio, con unas declaraciones en las que proyectaba un escenario de 372 diputaciones para la coalición gobernante, lo que equivaldría al 74.4% de la Cámara de Diputados, cuando, con los cómputos distritales concluidos —lo cual no significa que sean resultados definitivos, pues pueden cambiar por impugnaciones eventualmente resueltas por el Tribunal Electoral—, la suma de la votación para los tres partidos oficialistas es de 54.7%. Es decir, tendrían una sobrerrepresentación de casi el 20% que, además, les permitiría aprobar reformas constitucionales sin necesidad de convencer a ni un solo diputado adicional.

Al respecto, antes que nada, hay que señalar que, si bien cualquier individuo a título personal puede hacer escenarios de conformación de las cámaras legislativas con datos preliminares, y esto no es ilegal per se, cuando se trata de una funcionaria o funcionario público —en este caso la titular de Gobernación—, dado que no cuenta con facultades al respecto, lo que se produce es una invasión de competencias respecto de atribuciones que son exclusivas del INE (asignar plurinominales) y del Tribunal Electoral (resolver impugnaciones). Fue una intervención, además de ilegal, carente del más mínimo respeto a la voluntad popular, pues apenas arrancaban en los 300 distritos los cómputos y el reconteo de votos, faltando tres jornadas para dar los resultados oficiales.

Pero lo que está detrás —el fondo del asunto— es un intento por parte del régimen de querer generar una sobrerrepresentación legislativa que la ciudadanía no le concedió, más allá de los efectos mecánicos antes señalados de nuestro sistema mixto de representación.

Es cierto que Morena y sus aliados ganaron las elecciones de manera contundente, otorgando un mandato de continuidad al régimen. Pero no hay que perder de vista que, en esas mismas elecciones, el 45 por ciento de la ciudadanía no votó por ellos, sino que optó por una opción distinta, lo cual, en cualquier régimen democrático, debe traducirse en contrapesos que permitan mantener la pluralidad partidaria en los órganos de representación política, especialmente en el Poder Legislativo. Una subrepresentación de 20 puntos porcentuales sin duda no respeta esa pluralidad.

Ya lo han señalado en varios textos, antiguos y recientes, publicados en Nexos, tanto Ciro Murayama como Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre: esto es un grave intento de fraude a la voluntad popular. El artículo 54, fracción V, de la Constitución, establece con claridad un tope de sobrerrepresentación de 8 puntos porcentuales. Interpretar los resultados electorales como el régimen quiere hacer, no sólo más que duplicaría ese tope, sino que generaría situaciones tan absurdas como que el Partido Verde, quinto lugar en la votación recibida (8.39%), se convierta en la segunda bancada en la Cámara de Diputados, por arriba del PAN, que le duplicó en votación (16.89 por ciento).