Transparencia a modo

Lo ocurrido en los últimos días en materia de transparencia es profundamente elocuente, atendiendo a cómo se deba interpretar o al uso que se le quiera dar a un derecho de vital importancia para la ciudadanía. Es, además, uno de los estándares para medir, en los Estados contemporáneos, sus niveles de democracia y de vigencia de Estado de derecho.

Vayamos de lo más remoto y evidente a lo más reciente. Para nadie es extraño que no son precisamente prioridades para el actual gobierno los contrapesos y las obligaciones de rendición de cuentas, especialmente en materia de transparencia y acceso a la información pública. Eso explica que, desde hace más de un año, no se haya cumplido con el nombramiento de dos comisionados faltantes del Inai y que, además, desde abril, al terminar el periodo de otro comisionado, el pleno ha quedado impedido para sesionar (aunque por excepción lo ha hecho, pero sólo en cumplimiento de mandatos judiciales que los obligan y autorizan a ello).

El hecho es que el Senado está en falta constitucional por no haber realizado los nombramientos pendientes. A pesar de distintos fallos judiciales que han recalcado que es su obligación y deben cumplirla a la brevedad, la mayoría y sus aliados legislativos le han dado la vuelta a la ley para no integrar al Inai y, así, mantener la parálisis de su órgano de dirección (el pleno sigue acumulando asuntos rezagados que se cuentan por cientos, aunque la estructura operativa sigue funcionando). Por cierto, hay que felicitar al área de comunicación del Inai por la contundente campaña actualmente al aire de “que no te hagan pato con ‘otros datos’”.

Ante los recursos interpuestos por el Inai para terminar con esa parálisis —ya fuera para poner un ultimátum al Senado o para obtener la anuencia de la Suprema Corte para que puedan sesionar con cuatro de los siete integrantes—, resulta particularmente relevante el asunto resuelto por el pleno de la Corte la semana pasada. Ya a estas alturas no sorprende que cierta tercia de ministros haya vuelto a votar por un proyecto elaborado por una de las ministras de ese bloque, cuyas peripecias para sostenerlo fueron de una elevada complejidad y evidenciaron una singular dosis de convicción (pues tales argumentaciones francamente no tienen asidero legal ni lógico alguno), con tal de justificar la violación constitucional por parte del Senado.

Lo más grave es algo especialmente aleccionador en la coyuntura política actual. Las obligaciones de transparencia del Estado no se cumplen difundiendo datos para sustentar posiciones gubernamentales, ni tampoco la función del órgano garante es investigar a periodistas o a personajes incómodos. Dado que el Inai tiene como una de sus funciones centrales, además del acceso a la información pública, la protección de datos personales de los particulares, ha quedado en evidencia su uso irregular buscando descarrilar las aspiraciones de una candidatura presidencial opositora. Así parece entenderse la transparencia: hacer hasta lo imposible por dificultar el acceso a la información que debería ser pública —especialmente, sobre el uso de recursos públicos—, mientras se vulnera la protección de la información de los particulares.