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Javier Solórzano Zinser

El exprocurador y los autores materiales

QUEBRADERO

Javier Solórzano Zinser
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:

Independientemente de las responsabilidades de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, no puede ni debe soslayarse en medio de los escándalos políticos y mediáticos quiénes fueron los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.

El informe de la semana pasada en algunas de sus conclusiones toma como ciertas las investigaciones originales, particularmente en cómo secuestraron a los estudiantes y qué organizaciones delincuenciales estaban detrás de ello, cárteles que están identificadas por su operación en la zona y en Iguala.

Llevar a la cárcel a Murillo Karam no hace en sentido estricto justicia. Lo que quizá eventualmente hace es satisfacer las exigencias por encontrar responsables en los altos niveles de la administración pasada. La detención está siendo el momento más importante mediática y políticamente para la Fiscalía y, por ende, para el Presidente.

El muy importante asunto sobre los autores materiales e intelectuales está siendo cada vez más difícil de solventar. Una de las razones se debe a que muchas de las declaraciones de quienes probablemente llevaron a cabo la desaparición de los estudiantes confesaron sus delitos en medio de torturas, amenazas y en flagrante violación de sus derechos.

Como están las cosas no tiene sentido entrar en los terrenos de volver a empezar. Existen razones para ello, por un lado, la investigación original merece atención, porque en muchos de sus elementos es precisa, lo que vino a desacreditarla es el entorno y la forma en que se llevó a cabo.

Al Ejército se le cubrió desde el principio sin dejar de contemplar que cualquier acción que llevara a cabo podría estar violando el marco legal. Las policías locales y civiles fueron quienes se encargaron del asunto, pero lo que está claro es que muy probablemente los militares sabían lo que estaba pasando, recordemos que los delincuentes llevaban a los muchachos secuestrados en camionetas, las cuales pasaron frente a los cuarteles.

El dilema estuvo desde el principio. ¿Podían los militares actuar sin tener una orden para hacerlo siendo que la operación estaba en manos del hermano del mando de las policías civiles, tomando en cuenta que era el enésimo secuestro de camiones y de confrontaciones en las calles?

La otra razón tiene que ver con el desaseado proceso bajo el cual se ha llevado la investigación. No hay manera de volver a empezar, porque las personas que están detenidas y que pueden ser eventualmente juzgadas, han estado presentando una buena cantidad de recursos legales debido a la violación en sus procesos.

La detención de Murillo Karam tiene un inevitable efecto político. Por más que se insista en que se quiere hacer justicia no se puede obviar lo que produce en el ánimo colectivo de cara a procesos por venir.

Para un personaje como López Obrador esto por ningún motivo pasa por alto. Sabe lo que significa y sobre todo saber las consecuencias que pueden provocar. Es evidente que el PRI no tiene ni capacidad de maniobra ni posibilidad de una respuesta articulada, al tiempo que se detiene a un personaje que ha corrido la legua a lo largo de ese pasado que tanto critica el Presidente, ayer, por cierto, aseguró que no va a dejar de hacerlo.

Muy probablemente el miércoles se consigne a Murillo Karam. Quizá estemos ante una versión de las cosas que se acomode en ánimos colectivos más que para conocer realmente lo qué pasó en la noche aciaga.

RESQUICIOS.

En la mayoría de los casos los testigos protegidos dicen lo que sea con tal de salvar el pellejo. Uno de ellos aseguró que hubo una reunión para ponerse de acuerdo sobre lo sucedido en Iguala, dos de los supuestos presentes lo negaron, Omar García Harfuch y el exgobernador de Guerrero; si ésas son sus fuentes…