Incrementar penas por violencia sexual en el transporte público

Hoy en México, 8 de cada 10 mujeres se siente insegura en el transporte público. Tan sólo en la Ciudad de México, 6 de cada 10 han sido víctimas de acoso sexual. La cifra para los hombres es de 6 de cada 100.

Y es por eso que he presentado una iniciativa para incrementar las penas establecidas para el delito de abuso sexual, cuando la víctima se encuentre a bordo de un vehículo particular o de servicio público.

Mi propuesta de reforma al Código Penal Federal va a castigar este tipo de abuso hasta con 15 años de prisión, así como imponer un máximo de 300 días de multa por este delito. Actualmente, el artículo 260 de dicho ordenamiento dispone que, a quien cometa este delito, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y hasta doscientos días de multa.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2023, realizada por el Inegi, nos dice que más del 70 por ciento de las mujeres que usan el transporte público, manifestaron sentirse inseguras, debido a las agresiones sexuales que suelen presentarse al interior de este servicio.

Hace poco una joven de nombre Larissa, que usa el transporte en Toluca, Estado de México, me comentó haber sido víctima de acoso sexual. Que su agresor la seguió todo su trayecto en el transporte público, y que estando en éste, el hombre se tocaba sus genitales conforme se movía en la unidad, y que nadie de los pasajeros le decía algo, pese a que se percataban de lo que estaba sucediendo, por lo que ella comenzó a denunciar dentro de la unidad, pero que ni así la apoyaron. “A nadie le importó, ni al conductor ni a los policías”.

El abuso sexual en el transporte público hacia nosotras las mujeres es una realidad frecuente en el país, tan es así, que ha obligado a dividir en algunos medios de transporte, como el Metro, un área de mujeres y otra de hombres, para evitar los tocamientos y las agresiones de carácter sexual.

Las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, diariamente se ven amenazadas dentro del transporte público, debido a que no existe un apartado en la ley que proteja la vida y la integridad dentro del transporte público o privado, por lo que se incentivan estos comportamientos con absoluta impunidad.

Es un problema grave que viven miles de mujeres, y que requiere de la atención e inclusión en las agendas de todos los niveles de Gobierno, y de las instituciones correspondientes. Son éstos los encargados de promover y garantizar a la ciudadanía el derecho de viajar y transportarse de forma libre y segura, con respeto y dignidad.

Si bien se han promovido por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el Instituto Nacional de las Mujeres, lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público colectivo, no se ha logrado que las mujeres se sientan seguras en su entorno.

Por ello se tiene que castigar este tipo de abuso y de agresiones, pues no se deben normalizar, y tampoco mantenerse indiferente frente a ello. Es nuestra obligación como legisladores fortalecer las leyes existentes y tomar medidas concretas.