Desfalco hondureño

El escándalo en torno a la empresa de inversión JLL Capital y su filial CA Capital ha dejado al descubierto un enredado entramado legal que ha puesto en riesgo las operaciones de la compañía y ha sacado a la luz una red de corrupción y malversación de fondos de proporciones alarmantes.

La disputa legal se desató en el 2019, cuando los accionistas minoritarios de CA Capital, Enrique Bello Roch y Carlos Max Paguagua, contrataron los servicios legales del despacho Hernández y Asociados, esto con la intención de tomar el control de la empresa y los fondos proporcionados por JLL Capital.

Ojo aquí, pues a tal despacho se le vincula con el excoronel y abogado Amilcar Hernández, nada menos que hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, quien actualmente se encuentra encarcelado en Estados Unidos por corrupción y narcotráfico.

Ante esta situación, el equipo legal de JLL Capital denunció a los empresarios Bello Roch y Paguagua, así como a la administradora de CA Capital, Waleska Yamileth Medina Ferrera, por el delito de estafa impropia agravada, una acusación que alcanza la cifra de 380 millones de dólares. Sin embargo, resulta sorprendente y preocupante que las autoridades hondureñas hayan mostrado indiferencia ante estas acusaciones, pues a pesar de que Medina Ferrera fue declarada culpable de encubrimiento en abril del 2023, continúa en su cargo sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por su parte, Bello Roch y Paguagua se encuentran prófugos de la justicia, a pesar de las órdenes de aprehensión internacionales en su contra. Pero la situación legal de Bello Roch no se limita al desfalco en CA Capital en Honduras. Resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México inició una investigación, bajo la carpeta 7890-UIF-2022, sobre los dividendos que presuntamente habría desviado de dicha empresa, lo que podría llevarlo a figurar en la ficha roja de Interpol próximamente, algo que sería clave para poner fin a este entramado legal que ha dado gran revuelo en el país centroamericano.

Sospechosismo Grupo Alta. En las acusaciones de fraude a Grupo Alta Automatización de Servicios Productivos, S.A. de C.V., y Genera Destino, S.A.P.I. de C.V., Sofom, E.N.R., cuyos socios y accionistas son Salvador Abascal Álvarez, Luis López Panadero, Mario Ramón Contreras Camacho y Gabriel Ernesto Flores Márquez, además de todos los señalamientos y toda la historia que le hemos contado, se preguntan ¿por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no acepta haber realizado las visitas de supervisión a las empresas de Alta? ¿Por qué a pesar de las evidencias lo niega y no informa sobre los resultados de las visitas de supervisión?

Por qué si determinó irregularidades, traspasos en efectivo entre empresas relacionadas, no se apersonó al concurso mercantil, siendo que es un hecho notorio para la autoridad, ya que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Edgar Bonilla del Ángel, vicepresidente jurídico de la CNBV del periodo 2014 al 2019, fue el que, a través de la dirección general de visitas de supervisión, instruyó las visitas de supervisión por posible captación irregular de recursos del público en territorio nacional sin que contaran con la autorización para operar como intermediario financiero, en términos de los artículos 2º y 103 de la ley de instituciones de crédito. ¿Por qué negó las visitas? ¿Ocultó algo? ¿A quién se protege? Ahora es el actual titular del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles y fue el que ratificó en su puesto al síndico Gerardo Badín Cherít.

¿Qué esperan las autoridades para hacer su trabajo? ¿Esperarán que el tema llegue a las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador?

Las actuales autoridades de la CNBV han demostrado su incapacidad en sus actuaciones permitiendo la impunidad y corrupción que se viene señalando, el fraude a los inversionistas de Alta se fraguó a partir del 2014, cuya comisión estaba a cargo de Jaime González Aguadé; ahora el expediente se encuentra en proceso de amparo ante el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, en la Ciudad de México, bajo el expediente 16/2023. Habrá que seguir de cerca este caso.

Voz en off. La advertencia está hecha. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo ha ratificado otra vez lo que desde un inicio se dijo con la pérdida de la Categoría 1 de seguridad aérea de México, que si se deseaba recuperar ese rango de calificación se debían atender todas las observaciones. En Palacio Nacional les urge retomar el camino que da ese nivel al sector aéreo nacional, pero habrá que hacer ajustes.

Fue en 2010, con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando la Administración Federal de Transporte de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) nos bajó a Categoría 2, pero el mal gusto duró poco más de cuatro meses.