En riesgo, sectores por revisión del T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

(T-MEC) se encuentra a dos años de ver si cumplió con su revisión que se realizó en 2020, pero el tema central en todo esto es que puede venir con actualizaciones que podrían lastimar sectores importantes de la economía mexicana. Por ello, este tratado que modernizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, entrará nuevamente en una etapa crucial de la relación comercial trilateral.

La cláusula sunset es la que dará pie a las discusiones que podrían elevar el tono de la relación. Hay un interesante documento del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Wilson Center, que deja entrever los sectores en riesgo con esta nueva revisión. Se adelanta que hoy el T-MEC tiene una vigencia de 16 años (hasta 2036). En la revisión de julio de 2026, los países podrán decidir extender la vigencia actual del tratado por seis años adicionales, hasta 2042. De lo contrario, deberán llevar a cabo revisiones anuales hasta que se cumpla su vigencia original en 2036.

Este contexto resalta la importancia de asegurar que México, EU y Canadá cumplan con los compromisos establecidos en el T-MEC, de manera que lleguen a la revisión con argumentos sólidos para garantizar la estabilidad del marco regulatorio que el acuerdo otorga a la relación comercial trilateral. Esta estabilidad ha permitido que México y Canadá incrementen su rol como proveedores de importaciones a EU, superando incluso las importaciones estadounidenses provenientes de China. Un elemento crucial para asegurar una revisión exitosa en 2026 es la solución de las controversias Estado-Estado activas bajo las reglas del T-MEC. A la fecha, el mecanismo para su resolución se ha activado siete veces en diferentes sectores: lácteos, automotriz, energético, biotecnología agrícola y producción de paneles solares. En cuatro de ésos, los paneles concluyeron la investigación y presentaron un informe final. De los casos restantes, uno ha establecido un panel y otros dos, relacionados con las políticas energéticas de México, siguen en la etapa de consultas.

Los casos activos son la política energética y medidas en el sector eléctrico (dos casos). EU alega que la implementación de políticas en el sector energético mexicano impacta negativamente a las empresas estadounidenses y canadienses del sector. Éstas incluyen la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, los retrasos en permisos para empresas privadas en el sector energético, la extensión otorgada a Pemex para cumplir con requerimientos de suministro de diésel bajo en azufre y acciones relativas al uso del servicio de transporte de gas natural de México. Canadá se encuentra en el mismo proceso, paralelo al solicitado por EU hacia México como país demandado.

El tema del maíz genéticamente modificado, donde hay una empresa involucrada en el tema que ha retirado todos los temas jurídicos que hacían patente su molestia con México por sus políticas en el tema. Pero hoy Estados Unidos argumenta que tres medidas entran en conflicto con las disposiciones del T-MEC: el rechazo de solicitudes de autorización para la importación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), la decisión de México de prohibir el maíz transgénico para la nixtamalización y la producción de harina y la decisión de México de sustituir gradualmente el maíz transgénico para usos relacionados con el consumo humano y para el forraje sin presentar evidencia científica.

Además de los casos de solución de disputas activos actualmente, el funcionamiento del T-MEC enfrenta posibles retos relacionados con acciones del Gobierno de México, específicamente por una serie de iniciativas de reformas constitucionales que serán presentadas ante la nueva legislatura en septiembre de 2024. De las 18 iniciativas propuestas, cinco podrían violar las disposiciones incluidas en los capítulos del T-MEC. De los que más llaman la atención está la Reforma en materia de simplificación orgánica. Extinguir organismos autónomos, incluyendo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Incorporar sus actividades al Poder Ejecutivo en dependencias como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Energía.

Otro relevante es el Capítulo 14 de inversiones del sector minero donde se prohíbe el trato preferencial a empresas públicas por encima de inversionistas privados de otros países. La prohibición dañaría la industria minera nacional, que lastimaría más concesiones para la exploración y explotación de minerales en la minería a cielo abierto, se aclara que no afectaría las actuales, pero sí las inversiones venideras. Un conflicto potencial que se vendría porque además incluye disposiciones de Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Nivel Mínimo de Trato que prohíben el trato preferencial a empresas públicas por encima de inversionistas privados de otros países. La nueva administración tiene la oportunidad de tomar decisiones que promuevan una mayor integración productiva en América del Norte. Pero sin lastimar a la industria nacional, y eso sería un gran dolor de cabeza para nuestro país.

Voz en off. No hay que perder de vista a uno de los programas más ambiciosos de Claudia Sheinbaum para su sexenio a empezar en octubre próximo, pues se trata de construir un millón de viviendas a través del Infonavit. Por ello, no resulta extraño que el titular de la dirección sectorial de los trabajadores del Instituto, Mario Macías Robles, manifieste la necesidad de que tanto la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Román Meyer; la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); el FOVISSSTE, de César Buenrostro, y la Sociedad Hipotecaria Federal, de Jorge Alberto Mendoza, continúen trabajando de la mano para asegurar que sus financiamientos promuevan la cercanía de servicios esenciales a las viviendas. Esfuerzos como habilitar reservas territoriales de calidad; facilitar la serie de trámites en torno al proceso; mejorar las capacidades crediticias de los que menos tienen, mediante estímulos fiscales, y la reducción de costos financieros para las obras, a fin de aumentar el número de hogares disponibles…