Aerolínea Bienestar en Hacienda… Santa Lucía

Con el reloj en contra, la nueva aerolínea del Estado (que no se sabe aún si se llamará Mexicana o tendrá otra marca) espera iniciar en octubre próximo sus pruebas con los primeros aviones Boeing 737-B que la Sedena, de Cresencio Sandoval, obtendrá por arrendamiento del fabricante estadounidense de aviones que encabeza Dave Calhoun, pero ya tiene oficinas en el casco de la exHacienda de Santa Lucía que, hasta hace algunos meses, estaba destinado a servir como centro de convenciones y sitio de interés cultural museográfico en el polígono del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El modelo de negocio dentro del Grupo Aeroportuario y Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica, a cargo del general René Trujillo, considera la obtención de una primera tanda de 10 jets del modelo más comercial de Boeing, que tendrán su sede y base de operación principal en el AIFA, con miras a ofrecer vuelos de conexión a los aeropuertos de Chetumal, Palenque y, próximamente, al de Tulum (que estará a 35 kilómetros del famoso balneario caribeño), con la finalidad estratégica de nutrir de pasajeros al Tren Maya, que también figura dentro de los activos federales que Andrés Manuel López Obrador cedió al Ejército.

Por supuesto, los vuelos desde el AIFA hacia Tulum pueden resultar —sobre todo si se logra una pronta recuperación de la Categoría 1 de la autoridad aérea nacional ante la Federal Aviation Administration—en una seria competencia para el Grupo Aeroportuario del Sureste, de Fernando Chico Pardo, en cuanto a la succión de pasajeros que arriban a su estación estrella, el Aeropuerto Internacional de Cancún. Pero resulta dudoso —dada la experiencia internacional— que el suministro de viajeros aéreos a Tulum, Palenque y Chetumal pueda generar superávit financiero al Tren Maya, cuya ejecución con crecientes sobrecostos coordina el general David Lozano Águila.

La presencia de una aerolínea del Estado en destinos que ya son atendidos en suficiencia (Monterrey, Cancún, Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta) por las aerolíneas comerciales, puede resultar en una competencia desleal ya que serán los fondos fiscales lo que cubrirán sus gastos de operación y pérdidas independientemente por un tiempo aún indefinido. Donde tiene oportunidades relevantes la empresa del Estado son vuelos regionales con trayectos superiores a una hora con alto potencial de demanda.

Y bueno, si no se concreta la compra de la marca “Mexicana” por la pugna entre los sobrecargos jubilados y los pilotos de la extinta aerolínea por el orden de prelación para recibir el beneficio de esa transacción, siempre quedará el acrónimo de Bienestar Líneas de Aviación (Blinda Airways).

Jueza solapa despojo de la UDLAP. La Universidad de Las Américas de Puebla (ocupada policiacamente durante el gobierno de Miguel Barbosa) y parte de la heredada fundación Mary Street Jenkins no han podido ser restituidas a los herederos por el bloqueo hasta emitir una sentencia por parte de la jueza Luisa María Rodríguez Tlapa del 8° Tribunal de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX. Los herederos Elodia Sofía Landa de Jenkins, Guillermo Eustace Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa y Margarita Jenkins de Landa acusan a la jueza por diferir, sin razón alguna, más de una decena de veces la audiencia en la que se emita la sentencia definitiva a su favor, por lo que la acusan de corrupción al estar en coordinación con los jueces Roberto Yáñez Quiroz y José Manuel Salazar para despojarlos de sus propiedades y cuentas bancarias. Despojo que se intenta, explican, pese a que en 2018 fueron absueltos de la acusación de haberse apoderado de los bienes de William O. Jenkins, acusación que les fue “revivida” en el 2021. Ciertamente urge reformar al Poder Judicial, pero no sometiéndolo a la oclocracia, sino con mejores juzgadores.

Sago y la madre. El viernes le contamos del conflicto de interés que se presentó en enero pasado cuando doña Heriberta Flores Hernández, subdirectora de Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, hizo asignaciones dirigidas por casi 100 millones de pesos en medicamentos a laboratorios Apotex y AstraZeneca, donde sus vástagos Edgar Puebla Flores y Francisco Javier Puebla Flores son gerentes de ventas a Gobierno. La jugada quizá no fue detectada por Roberto Salcedo en Función Pública, porque habría intervenido un intermediario, de esos que ya no existen, según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Se trata de Sago Medical –célebre intermediario y fabricante de cubrebocas durante los días más álgidos de la pandemia de Covid-19–, del empresario peruano Germán Salinas Falcón. Tome nota.