Auditoría en los bueyes de mi compadre

Sin hacer mucho ruido, como suelen darse cambios sustanciales, el lunes pasado se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo firmado por el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, para reorganizar y centralizar en unas cuantas manos las tareas de los Órganos Internos de Control (OIC) que, de común, revisaban la  ejecución del gasto e inversión pública conforme a las leyes existentes a fin de evitar que funcionarios y asociados privados le “metan la mano a la canasta”. La corrupción en el sector público está lejos de estar desterrada…, y parece que con esta concentración se permite, según convenga.

En términos generales, se puede aseverar que la reforma administrativa de la Función Pública concentra las funciones de 204 OIC en 62 de ellos, suprimiendo, reformando y tomando como auxiliares de 5 órganos especializados a los que actualmente se desempeñan en los ramos administrativos de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Prevención Social,  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura y Turismo.

Dicha reestructuración no significa que se suspenderán las acciones de control y vigilancia en las dependencias de Gobierno (que para el año que viene tendrían un gasto histórico de 9.07 billones de pesos, según ha solicitado Andrés Manuel López Obrador), sino que ahora estarán bajo el control de un grupo de notables que decidirán qué acciones aplican en lo que corresponde a control interno, fiscalización, contrataciones públicas, quejas-denuncias-investigación y en fincar responsabilidades.

En otras palabras, se trata de un esquema centralizado que intentará “poner en orden” y, de pasada “limpiar”, los tiraderos presupuestales que deje el actual Gobierno y que rebotarán en la Auditoría Superior de la Federación…, que en 2025 ya no tendrá al frente al muy condescendiente David Colmenares y cuya composición se modificará en la magnitud en que se cambie la correlación de fuerzas partidistas tras las elecciones del 2024.

La centralización ordenada por la Función Pública, entonces, parece tener por objetivos los de a) controlar los hallazgos entre unos cuantos funcionarios selectos; b) sacar de las revisiones a muchos OIC y limitar su campo de decisión independientemente de la evidencia existente; y c) decidir qué se hace con los hallazgos encontrados en las auditorías, y pondrán a su leal saber corregir, ocultar o denunciar.

Muchos funcionarios de este sexenio podrán dormir ya tranquilos, pues la justicia caerá sobre los bueyes (y güeyes) de mis compadres.

Aeroméxico, Star Five for Five. Y por quinto año consecutivo, Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, obtuvo el galardón de las aerolíneas globales que ofrecen la mejor experiencia a sus pasajeros: la Airline Passenger Experience Association (APEX), que encabeza Joe Leader, y la International Flight Services Association (IFSA) premiaron a las mejores aerolíneas con más de un millón de vuelos, entre las que están Qatar Airways, KLM, Saudi, Singapore Airways, Air Canada, Korea Airlines, Delta y United.

Peeeeero…, en la esquina de enfrente, las aerolíneas con peor experiencia, según opinión de los viajeros: Volaris, Vueling, WestJet, Ryanair, Wizz Air, Viva Aerobus, Flydubai, Jetstar, Lion Air y Wings Air.

Así las cosas.

No para proveedores, sí para blindadas. Vaya asunto acaba de montar la bancada del PRI en el Senado, que coordina Rubén Moreira: solicitó a Octavio Oropeza, director de Pemex, enviar a la brevedad a esa soberanía un informe respecto al arrendamiento de 35 camionetas blindadas mediante adjudicación directa por un monto de 832 millones de pesos.

Mientras que para los proveedores de la petrolera no hay dinero suficiente para cubrir adeudos, sí hay para vehículos obtenidos por leasing que suma casi 24 millones de pesos por unidad…, y en momentos en que la deuda financiera de la paraestatal está presionando las finanzas públicas y la misma calificación de riesgo-país.

El informe solicitado por los priistas debe detallar el criterio que se utilizó para determinar la necesidad de contratar tales unidades, así como las especificaciones del contrato, a fin de que justifiquen la adjudicación directa en lugar de una licitación pública conforme a las opciones ofrecidas en mercado competitivo de costo-beneficio.