Burgos-Vitol, negocio que apunta a Lozoya

Si por alguna razón la FGR reiniciara proceso contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, sería por el contrato 424104805 para explotar gas en el área de Miahuapan de finales del 2014 con la firma Vitol, de Russell Hardy, anclado con un acuerdo desventajoso para el suministro de etano a las instalaciones de almacenamiento de Pemex Exploración y Producción en la Cuenca de Burgos.

Al exdirector le fallaron los dos testigos especiales con los que aseguró —para obtener los beneficios del criterio de oportunidad— podrían revelar actos de corrupción del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de Enrique Peña Nieto y diversos integrantes del primer círculo del anterior presidente: Rodrigo Arteaga y Francisco Olascoaga negaron tener videos que revelaran actos de corrupción con la petrolera Odebrecht.

Al quedarse “sin fichas” y en riesgo de perder los beneficios del criterio de oportunidad, Lozoya queda expuesto por diversos contratos y acuerdos que estableció cuando dirigió la empresa productiva del Estado, como los pactados con Vitol, dirigida por Luis Roca, y que en conjunto sumarían cerca de mil millones de dólares.

El acuerdo de extracción y almacenamiento de gas se perfila como el más comprometedor, pues Vitol no ha concluido los acuerdos de inversión de infraestructura, pero mantiene la ventaja de venderle a PEP etano a un precio 2.4 veces más alto del que la propia filial de Pemex vendía el combustible a Etileno XXI. Para esa ventajosa transacción se ocuparon los servicios de la comercializadora Trafigura, a cargo de Katia Eschenbach, cerrando el acuerdo con una off shore que usaba Lozoya para evitar pasar por las aprobaciones del consejo de administración.

Existen aún más aristas y conexiones de esta situación que no han pasado desapercibidas por las autoridades mexicanas que, por supuesto, no quedaron contentas con la debilidad de las pruebas contra el primer círculo peñista.

Carrancedo-Salazar, jugada de 500 mdp. Vaya brete en el que se metió Nicolás Carrancedo, jefe de la desarrolladora Be Grand, al intentar adquirir el Casino San Ángel a través de una operación pactada con el presidente del consejo de ese club, Alfonso Salazar Martínez, tal y como denunciaron públicamente un grupo de socios que obtuvieron la suspensión legal de esa operación el 23 de junio pasado mediante una resolución emitida por el Juez XXV de lo Civil de la CDMX. El valor del casino se estableció en 1,440 millones de pesos que luego se renegoció con un “descuento” de 500 millones de pesos que supuestamente luego sería sustituido con la entrega a futuro de 4,900 metros en el complejo que ahí levantaría Be Grand. Los quejosos advierten que de ese “descuento” la comisión para Salazar sería del 10%, o sea 50 millones de pesos por la renegociación… y también acusan que el presidente del consejo se extralimita con cuando menos 190 millones de pesos anuales en gastos de operación.

Yucatán, mejora regulatoria 100%. El coordinador del Programa de Política Regulatoria de la OCDE para Latinoamérica, Manuel Gerardo Flores Romero, le colocó la presea de campeón nacional a Yucatán —y referente internacional— al cumplir 100% las 358 recomendaciones hechas por el organismo, y para lo cual acometió 656 acciones para mejorar el desempeño de 12 dependencias estatales. Ejemplos: se elevó de 57 a 588 los trámites digitalizados; se redujo 75% en tiempos de espera y del 82% en el costo social, así como la disminución del 70% en interacciones. También se redujo 89% los requisitos en los trámites. La desburocratización reduce la corrupción, aumenta la transparencia y eleva la productividad del sector público que se traduce en un mejor ambiente para actividades productivas en la entidad que conduce Mauricio Vila.

Aduanas, nuevo organismo. La versión es que en los próximos días se presentará en el Diario Oficial de la Federación la separación de la dirección de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al mando de Raquel Buenrostro, para constituirse como una entidad enfocada exclusivamente a la administración precisa del comercio exterior y que enfrente con éxito el contrabando en todas sus modalidades. La nueva entidad aduanal, se comenta, sería dirigida por Antonio Martínez Dagnino, actual Administrador General de Grandes Contribuyentes.