Elon Musk se quiere apañar la marca Starlink

El multimillonario propietario de Tesla no tiene en México la propiedad de la marca Starlink, pero se la quiere apañar al mejor estilo neocolonial: la marca con que ofrecerá sus servicios de conectividad satelital para el programa Internet para Todos para zonas rurales, de la Comisión Federal de Electricidad, es propiedad en México del consorcio de radiodifusión StarGroup, de José de Jesús Aguirre Campos…, pero Elon Musk se la ha querido comprar en 2 mil dólares, cancelarla y, con sus abogados, amaga con demandar al empresario mexicano.

Desde 2015, StarGroup registró la marca Starlink (registro 1588979), dado su giro en más de 240 estaciones de radio y 4 estaciones de televisión, así como la prestación de servicios de Internet y comunicaciones satelitales. Sin embargo, con la soberbia propia de los conglomerados que presumen multimillonarias inversiones en el país anfitrión, uno de los abogados de Space Exploration Technologies Corp., José Juan Méndez Cortés, solicitó en abril de 2018 registrar la marca Starlink con la solicitud 2032453…, y más aún, a través del expediente P.C. 3466/2018 (C-1089) 35551, demandó en julio de ese 2018 cancelar la marca registrada tres años antes por Aguirre Campos.

Sin embargo, la arrogancia neocolonial comete errores y suele cometer ilegalidades: el abogado Méndez Cortés manifestó en abril de 2018 contar con la representación legal de la empresa de Elon Musk, pero no la pudo acreditar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y sólo presentó una “carta poder simple” en julio del 2018, o sea tres meses después, y al momento de demandar la cancelación de la marca propiedad de Aguirre Campos. Y ello representó una irregularidad que vulnera la garantía de formalidades esenciales con que el propietario de StarGroup defiende su marca. O sea que el abogado Méndez Cortés habría declarado falsamente ser representante de una empresa de Musk y que, por tanto, resultaría falsa su solicitud de registro de marca.

El asunto tendrá que ser resuelto por el IMPI, hoy encabezado por José Sánchez, cuyo enfoque está en favor del cumplimiento de la ley, de proteger los derechos de las empresas mexicanas de todo tamaño e impulsar la protección de artesanos y pequeños productores mediante marcas colectivas e indicaciones geográficas.

Este país, dice Andrés Manuel López Obrador, ya no es tierra de conquista.

Ante amenazas, auditoría para el IMSS. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Zoé Robledo, abundan los escándalos. Ya supimos de las amenazas contra funcionarios y proveedores que recientemente se dieron a conocer y cuyo contenido, aseguran fuentes cercanas, apunta a una red de funcionarios encabezada supuestamente por Eduardo Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración del IMSS, y Mauricio Zebadúa, de la delegación Nuevo León. Y ahora, el IMSS tiene otros jaleos en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, pues se ha negado a informar el gasto en la contratación de personalidades del deporte.

A través de la Unidad de Transparencia contestaron a varias solicitudes ciudadanas de información que no le pagan ni un peso a Fernando Platas por los promocionales que realiza en favor del Instituto. Curioso, porque los spots se difunden masivamente sin un intercambio de por medio. También se niega informar cuánto costó la contratación de Zulina La Loba Muñoz, Mariana La Barby Juárez o Johnny El Bombardero González quienes participaron en la Jornada Nacional de Activación Física para la Salud 2023.

Las autoridades ya estarían alistando una auditoría.

UIF investiga a Masari. Se comenta en el sector financiero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Pablo Gómez, anunciará una investigación en contra de Óscar Manuel Herrejón Caballero, quien al parecer podría incurrir en diversos delitos de cuello blanco. Las pesquisas relacionan a este ejecutivo con Masari Casa de Bolsa, donde opera su hijo Manuel Herrejón. Incluso, se asegura que se solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente, y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino, que investiguen a otros directivos de Masari como Adolfo Galván y Diego Terán, así como a la familia Herrejón, para evitar sospechas de lavado de dinero o prácticas anticompetitivas. Por cierto, la familia Herrejón tiene nexos con Alejandro Moreno, presidente del PRI, a quien le deben parte de su éxito empresarial. Por lo mismo, no dude que, si las autoridades comprueban algún delito, puedan intervenir las oficinas de Masari Casa de Bolsa, ubicadas en Prado Norte.