Evia, el avión presidencial y la nueva Mexicana

El común denominador entre la venta del TP 01 B-787 Dreamliner a un ignoto gobierno autoritario de Lejano Oriente y los aviones pequeñitos Embraer 145 que de última hora obtuvo la nueva Mexicana de Aviación para vender boletos antes de que ello derive en otra crisis en Palacio Nacional atiende al nombre de Luis Evia.

Evia es conocido en el pequeño mundo de los arrendamientos de equipos de transporte masivo por su audacia para tejer relaciones y armar negocios donde otros sólo encuentran problemas. El empresario se presenta como un consultor independiente en aviación, con una trayectoria destacada como creador de su empresa Eviacorp Aviation Services y fundador de Península MRO…, la misma empresa que acaba de obtener la renta del hangar que ocupó MasAir, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y para más detalles, Península (que se cambió de nombre a SAT Aero Holdings) es la misma empresa que la Secretaría de la Defensa Nacional contrató para arrendar 10 Boeing 737-800NG: Petrus Aero Holdings, que dirige Félix Sánchez…, sí, el mismo director operativo que fue acusado de haber inducido la quiebra de Mexicana de Aviación en 2010.

Desmadejando la pelota: la nueva Mexicana no recibió los Boeing que Petrus le aseguró podría poner a volar en esta temporada de invierno, pero que llegarán hasta entrado 2024; en tanto que, uno de los fundadores de la nueva denominación de Petrus —SAT Aero Holdings—, el consultor Luis Evia, fue quien pudo encontrar de bote pronto dos Embraer 145 ya cacheteados, pero en buen estado (unos 28 años de edad, que fueron Transportes Aéreos Regionales) para salir al paso de la fulgurante inauguración prometida a Andrés Manuel López Obrador.

Pero, se dice en el medio del arrendamiento, los avioncitos se obtuvieron —como suele suceder en las adquisiciones de última hora— a una renta que quema como la lumbre. A ver de a cómo nos sale el chistecito.

Soriana, a la brava. El señalamiento es más que serio porque ya es del orden judicial conforme a la carpeta de investigación 56034/2017: los altos directivos de Soriana tomaron un predio en Zapopan —valuado en unos 100 millones de pesos— que no habían adquirido a sus propietarios, contando con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, que encabeza Luis Joaquín Méndez, para cometer un acto denunciado como despojo. Una investigación realizada por Víctor Hugo Arteaga para Xpectro FM da a conocer los pormenores de lo que sería una práctica nada civilizada para expandir la cadena propiedad de la familia Martín Bringas. Entre las pruebas mostradas por la investigación hay varios videos que muestran cómo ingresan a la fuerza los elementos de la fiscalía, seguidos por presuntos ejecutivos de Soriana elegantemente ataviados. La denuncia de hechos presentada por los afectados presume que se trata de uno de los directivos que entró a la toma del terreno, ello luego de que el Juez Décimo Primero de Control, Enjuiciamiento y Juicio Oral del primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco autorizara, de manera exprés ese mismo día, la restitución temporal del inmueble a los representantes de Grupo Soriana.

¿Y los derechos a la propiedad privada? Bien, gracias.

Colados de precampaña. Pues que un grupo de abogados ligados al calderonismo impulsa al litigante Salvador Nava Gomar para que alcance la Consejería Jurídica en caso de que Claudia Sheinbaum gane las elecciones presidenciales de 2024. Nos cuentan que sus amigos, Roberto Gil Zuarth y Pablo Escudero, tejen fino en el entorno del equipo de la candidata de Morena a fin de anular cualquier personaje que intente acercarse como encargado de los temas legales. La zanahoria ofrecida por los patrocinadores de Nava Gomar es que atraería a empresarios ligados al panismo y priismo —vía esta especie de cabildero— para sumarlos al denominado Segundo Piso de la 4T.

Club de Tobi. Qué bueno que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, tomó su distancia del evento “La nueva era de la política industrial digital en México”, encabezado por Arturo Oropeza, presidente del InadiMX, y apadrinado por el Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes: no fue convocada la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, al mando de Esperanza Ortega, bajo el argumento de que “no ha pagado sus cuotas”, aunque es bien sabido que otros organismos adscritos al CCE también cargan abultados adeudos. De haber asistido Buenrostro, la autoridad hubiese tomado como propia un diferendo entre particulares, en discriminación a los derechos de representación que le corresponde a una entidad de la magnitud de Canacintra para analizar un tema de gran envergadura como es la política industrial en tiempos de la Inteligencia Artificial.