Mauricio Flores
Inmovilidad, estrategia del Gobierno federal
GENTE DETRÁS DEL DINERO
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Pese a que la reforma eléctrica constitucional no fue aprobada en el Congreso hace un par de semanas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene una estrategia constante —desde 2019— para estatizar todas las formas de energía de una manera menos escandalosa y conflictiva que las expropiaciones: la inmovilidad, el clásico “engarróteseme ahí” de todos los procesos con que las dependencias y reguladores gubernamentales tienen control sobre empresas privadas.
Por ejemplo, en materia de hidrocarburos, no se han renovado los permisos de importación y exportación de hidrocarburos —con lo que cerca de 950 autorizaciones caducaron— y dejando únicamente vigentes unos cuantos de refinadores americanos del mayor calado como es Exxon-Mobil, que encabeza Darren Woods, y europeos como Shell, que preside Ben van Beurden.
En consonancia, la CRE, de Leopoldo Melchi, ha clausurado la infraestructura de hasta 15 activos entre terminales de almacenamiento y de trasvase; además de dejar instalaciones con poca inversión como el Centro Procesador de Gas de Burgos, en el estado de Tamaulipas, por desviar todos los recursos al sureste del país.
En electricidad, la estrategia de inmovilidad también funciona: no se otorgan nuevas concesiones, ni se permite el autoabasto, lo cual llevará a apagones tan pronto se reactive la actividad económica y con ello la demanda de energía. En un círculo vicioso, el bloqueo llevará a la falta de inversión para la generación y la distribución, lo cual será un cuello de botella para la misma recuperación económica.
La minería acaba de sumarse a la parálisis pues se reserva al Estado la explotación del litio, mineral clave para la fabricación de baterías; sin embargo, la explotación de litio requiere de un alto nivel de especialización lo que convierte su explotación en poco rentable en la mayoría de los casos; en el caso del único yacimiento con reservas explotables, el de Bacadehuáchi, podría tener producción en un plazo de 5 a 10 años conforme al experto en minas Alberto López Santoyo. A ello hay que agregar los visos de inconstitucionalidad de la Ley Minera que derivará en múltiples amparos que tendrá que resolver la SCJN que hoy encabeza Arturo Zaldívar.
Pero lo que no queda claro, es cómo el “engarróteseme ahí” hará posible la “autosuficiencia” dada la alta dependencia a la importación de gas de Estados Unidos, sin inversión adicional en plantas generadoras de energía, o con una CFE, de Manuel Bartlett, cuyos recursos presupuestales no parecen suficientes como para atender la demanda nacional del futuro cercano.
El futuro está muy próximo ya.
Dos Bocas, llega equipo de Samsung. La buena es que la obra encargada por Rocío Nahle al equipo de Leonardo Cornejo, la Refinería de Dos Bocas, registró el arribo de 10 buques con los equipos prearmados para las 17 plantas de proceso de refinación contratadas con la coreana Samsung, que encabeza Jing-Wan Kim. Las obras de Heavy Road han mostrado estar listas y adecuadas para movilizar los artefactos del puerto a la zona de construcción, lo cual agilizará el montaje de los mismos. Después vendrá la parte más compleja y estratégica: la integración de cada área de obra para iniciar con las primeras pruebas para separar del petróleo crudo los diversos subproductos.
Que no será control de precios. Que en principio no será un control generalizado de precios lo que presentará el gobierno federal como programa antiinflacionario. En las mesas de trabajo de la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Clouthier, así como de Sader de Víctor Villalobos con los fabricantes de los 24 productos considerados esenciales, los empresarios han expresado el problema de la inflación de costos -mucha de ella importada, como en el caso de los granos-, su disposición para hacer esfuerzos de productividad pero su rechazo abierto a un “control de precios” como tal. Por tanto, se nos dice que buscarán evitar acaparamiento y especulación con dichos productos y se contempla reducir los márgenes de intermediación en los canales de venta que suelen ser excesivos, como por ejemplo en el bistec y el atún enlatado pues en cadenas como Walmart, que preside aquí Guilherme Loureiro, hay diferencias del 20% al 25% en el costo de compra a proveedor y el precio de venta al consumidor.