Organismos autónomos y el Fobaproa

El argumento de que la eliminación de los organismos autónomos es parte de las franciscanas políticas de austeridad no es otra cosa que un sofisma simplón: el “ahorro” de 3,749 millones de pesos de presupuesto que, en 2024, implicaría suprimir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Comisión Reguladora de Energía, equivale a sólo 6% de los 62 mil 489 millones de pesos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió pagar por el rescate bancario del Fobaproa-IPAB y de apoyo a deudores.

Una de las banderas de la presunta izquierda mexicana fue el ataque al esquema de deuda pública con que el gobierno de Ernesto Zedillo articuló un esquema de rescate que –independientemente de abusos y fraudes– evitó una crisis sistémica en el sistema bancario en 1995; los aguerridos militantes adujeron durante décadas que el Fobaproa socializaba en deuda pública los excesos privados de banqueros y secuaces…, pero ni aún con 5 años con mayoría simple en la Cámara de Diputados, donde la bancada oficial es pastoreada por Ignacio Mier, se redujo un peso del pago de los intereses y/o principal de esa deuda.

Incluso, la mayoría de Morena-PT-Verde rechazaron el plan de por un año negociar el pago del Fobaproa y canalizar 50 mil millones de pesos para apoyar la reconstrucción y relanzamiento de Acapulco luego del embate de Otis, plan que presentó el líder de la bancada del PRI, Rubén Moreira.

Vaya paradoja: ¡el partido que dijo luchar contra el Fobaproa, defendiendo sus pagos por orden presidencial, y el partido que lo materializó reclamando una tregua de pagos ante la tragedia!

Y con independencia al presunto ahorro, es invaluable el servicio que el Inai, hoy encabezado por Adrián Alcalá, ha prestado a la ciudadanía al transparentar lo más posible el ejercicio de los recursos públicos; el IFT, pese a las cuestionables acciones del actual presidente, Javier Juárez Mojica, y su camarilla, es una institución que enfrentó los apetitos monopólicos en el sector; la Comisión Federal de Competencia Económica, que lleva Andrea Marván, a pesar de sus exiguos recursos, sostiene investigaciones serias ante gigantes como Google y Amazon por prácticas anticompetitivas en los mercados de servicios digitales; y la Reguladora de Energía, si bien su administración, a cargo de Leopoldo Melchi, se ha doblado a las exigencias de un rancio nacionalismo energético, será fundamental para restablecer la eficiencia en los mercados de combustibles y electricidad.

Son entidades de Estado para una república democrática e inclusiva.

Torruco, el deseo navideño de Romo. Miguel Torruco Garza es más conocido por ser hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, que por su labor legislativa –de tonalidades más grises–, aunque posee un bien armado y aceitado equipo para redes sociales, hoy es uno de los gallos de Morena para intentar recuperar la alcaldía Miguel Hidalgo, donde Mauricio Tabe cuenta con altos niveles de aprobación dada la eficacia de su gobierno en materia de seguridad, ordenamiento urbano y atención a las necesidades sociales. El joven Torruco es la apuesta del exalcalde morenista Víctor Romo para, detrás de él, lanzar su candidatura para una diputación local. Previamente Morena midió a Mariana Boy (quien fue de las finalistas para encabezar al partido oficial por el gobierno capitalino) y a Ulises Labrador, pero no resultaron atractivos como candidatos para la Miguel Hidalgo, por lo que la última oportunidad –con bendición de Palacio Nacional– resultó Torruco Garza. El joven diputado tiene casi nulas posibilidades de triunfo…, pero de mientras le permite a Romo mantener la ilusión navideña del ansiado fuero que le daría una diputación local, fuero que le evitaría los procesos judiciales que avanzan en su contra.

Las cifras alegres. La retórica oficialista intenta pintar día a día un país en paz, ordenado y con crimen en retroceso. La realidad tiene otros datos, tristemente dramáticos. El robo a los autotransportes de carga en 2023 aumentó 10% en todo el país y entidades como el Estado de México, Querétaro y Puebla se han vuelto de las más peligrosas. Y en Nuevo León, el robo de los cargueros subió en un alarmante 300%, que generó pérdidas hasta por 900 millones de pesos para las empresas.

El modus operandi ha evolucionado a una forma más violenta que se extiende a la extorsión y el “pago de derecho de piso”, y que incluye el asesinato de los choferes y sus ayudantes, tal y como alerta Carlos Gutiérrez Chávez, gerente de Seguridad para el transporte en ONEST Logistics.

La situación es grave.