Soldados en riesgo por equipos “de protección”

Las Fuerzas Armadas de nuestro país no sólo se enfrentan a los cada vez más desafiantes y fuertemente armados grupos de la delincuencia organizada, sino también a deficiencias en sus equipos de protección para enfrentar situaciones de combate: el Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, que dirige Nancy La Vigne, emitió alertas sobre proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional cuyos productos, advierte, deben ser reemplazados a la brevedad. 

El NIJ es el organismo encargado de emitir estándares internacionales para garantizar la calidad, desempeño y resistencia del material balístico que usan las milicias y cuerpos de seguridad a nivel global, emitiendo mes a mes alertas…, mismas que este año han alcanzado a empresas mexicanas en las que se menciona que “debido a preocupaciones de seguridad sin atender, se recomienda reemplazar lo más pronto posible los productos”.

El señalamiento del NIJ es para las firmas Giramsa, de Raúl Sanabria; MC Armor, del colombiano Miguel Caballero; MEX MSF SCO, que representa Ignacio Baca, y Protective Materials Technology, propiedad de las hermanas Alejandra y Elisa Aguilar Solórzano.

Aquí los enlaces digitales con las recomendaciones: https://cjtec.org/nij-safety-notice-03-2023/; https://cjtec.org/nij-advisory-notice-05-2023/ ; https://cjtec.org/nij-advisory-notice-04-2023/ ; y https://cjtec.org/nij-safety-notice-02-2023/ .

Vale precisar que Protective Materials Technology fue adjudicada apenas en 2022, con el procedimiento LA-007000998-E227-2021, para proveer 24 mil 23 juegos de placas para chalecos balísticos para la Sedena, por un total de 319 millones de pesos, con un anticipo de 33 por ciento sobre el valor del contrato. Y que la segunda mejor opción en esa licitación fue MEX MSF SCO, que participó en conjunto con Baher Asesores Integrales.

Es decir, que el mayor contrato de placas balísticas otorgado en nuestro país se compitió entre dos empresas que, conforme a Estados Unidos, ponen en riesgo la vida de las tropas mexicanas. Así que en los próximos días se tendrá que optar entre arriesgar la vida de soldados y sus jefes directos sin que estén enterados, o hacer gasto doble de más de 300 millones de pesos para resolver el problema.

Las firmas mencionadas por el NIJ han trabajado, en menor medida, con la Semar y los gobiernos municipales de Hidalgo, Coahuila, Guanajuato, Nayarit y Sonora…, y todos sus clientes deberían tener en cuenta una recomendación de vida o muerte.

Resucitan a los chupasangre hasta 2025. Se hizo realidad el sueño del director de Administración de Instituto Mexicano del Seguro Social, Borsalino González Andrade, y de  Ángel Isaac Avelino Acosta, coordinador administrativo de la Dirección Jurídica, aun contraviniendo la voluntad del Presidente Andrés Manuel López Obrador: el pasado 1 de agosto emitieron el fallo NO. LA-50-GYR-050GYR988-T-7-2023 para el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2023-2025, por el monto adjudicado por hasta 14,446 millones de pesos, cuyas mieles se concentraron en 97.5% en cuatro empresas en las que reencarnó el añejo cártel de los chupasangre.

Sí, esas firmas que al ánimo presidencial deberían salir por sus altos precios, abusos y atrofiar el funcionamiento de las instituciones públicas de salud.

El primer y más grande ganador del concurso en cuestión fue Disimed (Dicipa), de Francisco Pallach, con hasta 5,687.4 millones de pesos en la mayor parte de las Unidades Médicas del IMSS. El segundo ganón fue Hemoser, de Ignacio Higareda, con servicios contratados por 4,177.2 millones de pesos; Intermet, de Fernando Chein, se rayó con 2,770.4 millones de pesitos, y para no dejar, Laboratorios San Ángel, de Arturo Aguinaga y José María Gutiérrez, que formaron parte de Fármacos Especializados, se llevaron un bocadito de 1,502.3 milloncitos de pesos.

Así, sin importar un pepino el propósito de López Obrador, se fortaleció al cártel de los chupasangre con sus respectivos contratitos en el IMSS para el segundo año del próximo sexenio.

Y como dijo el clásico animador de TV, “aún hay más”.

 Giménez-Valdés, deudor alimentario. Abundan los políticos que no entienden que es menester ser padres responsables si quieren seguir en el juego del poder.

Uno de ellos es el exsecretario de Obras Públicas de Morelos, Fidel Giménez-Valdés Román, suspirante a gobernador en 2024, pero que en calidad de deudor alimentario no podrá aspirar ni para policía de crucero.

Afortunadamente, con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, aprobado por el Senado de la República, los deudores de pensión alimenticia no pueden aspirar a un puesto de elección popular. Y Giménez-Valdés tiene en su contra una sentencia definitiva del juzgado octavo en materia civil de Cuernavaca, Morelos, condenándole a reconocer su paternidad que le es reclamada por Nidiyare Olguín Avilés, así como el cobro de pensiones alimenticias atrasadas.

Éste no es el único proceso legal contra el exsecretario, pues hace un tiempo que un Tribunal Colegiado Federal le sentenció por falsificar un pagaré que pretendía cobrar junto con su pareja actual, Claudia Fabiola Tostado, por más de 34 millones de pesos…, proceso que podría derivar en medidas cautelares con las cuales Giménez-Valdés quedaría cada vez lejano de las mieles del presupuesto público.