La vida sin el IFT

Hasta antes de que Ernesto Zedillo creara la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la asignación de bandas del espectro radioeléctrico para comunicaciones alámbricas, inalámbricas, así como la entrega de concesiones y sus prórrogas para radiodifusión recaían durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en lo que fue la poderosa Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Alfonso Caso —y en particular en la Subsecretaría de Comunicaciones—, que operó con criterios principalmente políticos; esa comisión evolucionó hasta convertirse en 2015 en organismo autónomo con criterios técnicos, económicos y de expansión de la cobertura de los servicios ofrecidos por empresas privadas y públicas… y, a su eventual muerte, retornarán los criterios políticos de la administración.

Salinas de Gortari, pese a todo, inició un proceso de desregulación de telecomunicaciones y radiodifusión con la desincorporación del “Paquete de Medios Públicos” entre ellos la venta de lo que fue Imevisión y la Compañía Operadora de Teatros, la venta de las acciones de Telmex y la renovación de diversas concesiones de televisión abierta con base en criterios económicos a través de licitaciones públicas internacionales.

La desregulación que progresivamente se alineó con el cambio en las tecnologías de la información; sin embargo, arranca con Zedillo, cuando fugazmente toma las riendas Guillermo Ortiz y la subsecretaría del ramo, a cargo de Martín Werner. El arranque de la Cofetel en 1996, con Carlos Casasús, dio paso a las licitaciones en diversas modalidades en búsqueda de transparencia y maximizando los ingresos del Estado pero sin estrangular el crecimiento de las empresas; pese a sus limitaciones y presiones ejercidas desde la subsecretaría de Comunicaciones y por los propios agentes, fue el inicio de un rápido, pero fugaz proceso de autonomía que desembocó en 2013 en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que encabezó inicialmente Gabriel Contreras…, que no habría sido tan autónomo, según declaró Carlos Slim en febrero de 2024, pues fue instalado en el cargo por Humberto Castillejos —director jurídico de Presidencia— bajo las instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Bueno, de ser suprimido el IFT como es voluntad de Andrés Manuel López Obrador, es predecible que primen, nuevamente, los criterios políticos en la administración del espectro radioeléctrico… con todas las consecuencias que significa, pues el instituto, ahora a cargo de Javier Juárez, es una entidad blindada legalmente por el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá.

No todas las administraciones descentralizadas y autónomas de las telecomunicaciones y radiodifusión han sido eficaces e incluso probas (como los “perdones” a las repetidas violaciones a la regulación asimétrica del operador preponderante), pero siempre generan más certeza jurídica los criterios técnicos-económicos que los veleidosos criterios políticos.

Y hoy no es posible saber si las funciones del IFT recaerán eventualmente en un pragmático Jesús Esteva Medina en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes… o de José Merino en la Agencia de Transformación Digital.

Amén.

PIS-Manzanillo: negocios bajo el agua. Pues resulta que Jesús Ortiz Estévez y Salvador Gómez Meillón, exdirector del puerto de Manzanillo, parecen involucrados en una red de negocios en ese puerto: Ortiz Estévez, un contraalmirante retirado que asesoró a Gómez Meillón, introdujo el software Puerto Inteligente Seguro (PIS), adquirido a su socio y amigo, José Domingo Sánchez.

Curiosamente, el PIS… o un sistema muy similar que también fue adquirido por la terminal de carga Hazesa, de Raúl Sandoval, con lo cual la empresa tuvo un crecimiento desproporcionado.

¿Uso de información privilegiada? Vaya uno a saber, pero Marcos Paul, un gerente de Asipona Manzanillo, quien fue contratado por Estévez y entrenado por José Domingo para operar el PIS, es ahora la pieza clave de los gerentes que “parten el pastel” en el recinto portuario. Vaya, vaya.

Pero esto no termina aquí, pues corre la versión que Gómez Meillón, de ser reincorporado a funciones en Semar, buscaría proponer a Claudia Sheinbaum el uso del Sistema PIS para todos los puertos. En tanto el feliz proveedor, José Domingo, ha aceptado confidencialmente ante terceros, que el PIS es sólo una parte de contratos de obras y actividades comerciales de militares en retiro.

¿Y el actual director de Manzanillo, Alberto Gasque Peña? Bien, gracias.