Vuelta a la democracia social en Guatemala

Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla han ganado las elecciones en Guatemala con más del 60% de los votos. En sus primeras palabras, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, Arévalo señaló que “en América Latina no hay democracia sin justicia social”.

Frase que recuerda a su padre, Juan José Arévalo, presidente de Guatemala hace ochenta años, quien encabezó una de las pocas revoluciones democráticas del siglo XX latinoamericano.

Como su padre, político y humanista, pedagogo y profesor universitario en La Plata, Tucumán y Buenos Aires, este Arévalo, nacido en Montevideo, es un académico de las ciencias sociales, con estudios en Jerusalén y Utrecht. Herrera, su vicepresidenta, también es científica, química y bióloga específicamente, con un doctorado en la Universidad de Salamanca. Hasta ahora, su experiencia ha sido, sobre todo, en el campo de la farmacéutica y la sanidad pública, con una participación especial en el proyecto Médicos sin Frontera.

Arévalo y Herrera no sólo representan la llegada de la izquierda democrática al poder en Guatemala sino el traspaso de mando a una generación de civiles e intelectuales, académicamente bien formados, que no tomaron parte en la guerra intestina de los 80 ni en la complicada pacificación de los 90. Una generación que, sin embargo, conecta, a través de Arévalo, con el esplendor cultural y político guatemalteco de mediados de siglo XX: Asturias, Cardoza y Aragón, Méndez Montenegro, Galich, Fortuny…

Pronto veremos qué tipo de izquierda encabeza Arévalo en el gobierno de Guatemala. Pero ya se detectan, en el programa de Semilla, clarísimas diferencias con los gobiernos previos de ese país centroamericano y algunos de sus vecinos. A diferencia de su rival, Sandra Torres, Arévalo no suscribió el modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, aunque ha hablado de la necesidad de reforzar el sistema penitenciario. El énfasis en los derechos humanos, dentro del programa de Semilla, toma distancia no sólo de los procesos de militarización en México o El Salvador sino de la criminalización de opositores y periodistas practicada en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Un punto que enlaza ese programa con el de López Obrador y Morena en México es el combate a la corrupción, que Arévalo ha señalado como una premisa ligada a la reinstalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), desconocida por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. El regreso del organismo a Guatemala, así como el restablecimiento de la colaboración con la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una demanda central del nuevo gobierno.

Esta agenda de derechos humanos, de lucha contra el racismo y la homofobia, de recuperación de los reclamos de memoria, justicia y verdad y de respeto a la autonomía de los pueblos originarios suma a este gobierno centroamericano al nuevo progresismo democrático en la región.