Pavimentando el camino financiero
ROZONES
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Pavimentando el camino financiero
Y donde ya están pendientes de los temas presupuestales con la idea de que la nueva administración inicie sin contratiempos, es en Puebla. Y es que resulta que los gobernadores saliente, Sergio Salomón, y entrante, Alejandro Armenta ya se reunieron para arrancar el proceso de transición. “Es crucial esperar hasta el 8 de septiembre, cuando se presente el paquete económico, para que los estados, en coordinación con el Gobierno federal, articulen sus propias políticas. Estaré muy pendiente junto con el señor gobernador Sergio Salomón de estas directrices financieras para asegurar que se alineen con las necesidades de Puebla”, afirmó Armenta. Salomón, por su parte, ha señalado que no recurrirá a endeudamientos. En la entidad, nos comentan, se ha iniciado una transición de 6 meses que puede permitir al nuevo gobierno hacer un cambio de mando no sólo terso, sino bastante funcional.
Y resulta que ayer venció el plazo para que los partidos presentaran sus impugnaciones a la elección presidencial y así decidieron hacerlo PAN y PRD y por separado el PRI. Ha llamado la atención, nos comentan, que en un sentido distinto al que perfilaban en el primer momento, es decir, el del supuesto fraude, al final no hayan ni siquiera exigido la nulidad de la elección. Los tres partidos de oposición han exigido que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre las irregularidades denunciadas —sobre todo señalan una intervención del Presidente en sus mañaneras y el uso de los programas sociales, los cuales, a su juicio pasan por encima de la Constitución— y determine qué procede. En el mismo sentido va otra impugnación que por separado presentó quien fuera la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, en espera de que sus planteamientos generen materia que pueda considerarse al momento de la calificación de la elección. Pendientes.
Y las instituciones que dieron un paso adelante para empezar a atajar la condición de indefensión en la que se encuentran ante acciones de grupos porriles fueron la UNAM, el Politécnico y el Colegio de Bachilleres. Y es que resulta que en un encuentro entre representantes de esas casas de estudios, de las que dependen planteles de educación media superior, en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional, acordaron varias acciones de relevancia, como levantar un censo de grupos porriles, crear una agencia de riesgos en la que se incluyan los aniversarios de esos grupos porriles, eventos deportivos o fin del ciclo escolar; clasificar a los grupos porriles por su grado de agresividad, identificar zonas de reunión e influencia de estos grupos violentos. Se espera que con estas acciones se pueda ir reduciendo la actuación de estos grupos que han provocado incluso decesos, como el ocurrido en las inmediaciones del CCH Naucalpan. Si este esfuerzo después se acompaña de apoyo institucional de la autoridad en materia de seguridad, podría tener más efectividad, nos dicen.
Y fueron el Consejo de la Judicatura y ministros de la Suprema Corte de Justicia los que le tomaron la palabra a la 4T y anunciaron su interés de participar en los diálogos sobre la Reforma Judicial, que además, han dado pistas de por dónde habrán de perfilar sus aportaciones. “El diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales, no podría ser otro diálogo que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real, en donde se escuche, se intercambien ideas, se dialogue con los operadores y actores involucrados”, ha señalado el integrante de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Parece, nos comentan, que en los espacios de operación del Poder Judicial hay sustancia que va más allá del tema en el que se ha enfocado hasta ahora el debate público y que no es otro que la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular, respecto de la cual el ministro se ha expresado en contra. Van pues a participar. Ya se verá, nos comentan, qué tanto inciden en lo que al final se vote.
Y hablando de la Reforma Judicial, nos piden no perder de vista lo que planteó la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Estela Ríos, quien enfiló baterías en favor del ajuste constitucional con el argumento de que el Poder Judicial se ha convertido, dijo, en una oligarquía. La base de su argumento, nos cuentan, es la decisión de los ministros de la Corte de frenar varias reformas constitucionales aprobadas por la mayoría legislativa de Morena y sus partidos afines. “La mayoría del Congreso decidió llevar a cabo ciertas reformas y resulta que la Suprema Corte dice: no funciona, y se impone, fíjese ocho personas se imponen a la voluntad de cuántos diputados y cuántos senadores”, señaló. Para la funcionaria de la Presidencia, como no podía ser de otra manera, este eventual ajuste no generará ni inestabilidad ni autoritarismo, ni tampoco romperá con la independencia de poderes. Ahí es por donde vienen los señalamientos, nos hacen ver.
Y uno de los temas que tendrá que retomar el futuro Gobierno de Claudia Sheinbaum, será el de la mina Pasta de Conchos, sitio en el que apenas esta semana —luego de que hace cuatro años se tomara la decisión de comenzar las búsquedas— fueron hallados restos de mineros que murieron en el derrumbe ocurrido en 2006. “Si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, lo van a hacer los del nuevo gobierno”, señaló ayer el Presidente, quien adelantó que este día visitará la mina en Coahuila con la futura presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por su parte, ha destacado el hecho de que el Gobierno del Presidente López Obrador haya decidido hacerle justicia a las familias de los mineros. Hace apenas unos días, otras familias, las de los 43 normalistas de Ayotzinapa expresaron su interés de pedir al nuevo Gobierno que retome las pesquisas y siga buscando a los estudiantes. “Hice el compromiso, me lo plantearon de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y de conocer la verdad, que yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima Presidenta y les dije que sí”, señaló AMLO el pasado 4 de junio.