La resolución
ROZONES
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Finalmente los consejeros del INE, con una votación que no puede considerarse cerrada —fueron 7 contra 4 en la parte que específicamente definía el reparto de pluris—, determinó que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que en el Senado sólo necesitarán sumar tres votos para lograrla. Con ello podrán aprobar, sin tomar en cuenta a la oposición, reformas a la Constitución, es decir, el llamado Plan C. Ciertamente se ha anunciado, por parte de la oposición, que habrá una impugnación del resolutivo del instituto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque entre quienes tienen el pulso de lo que ocurre en espacios electorales no ven muchas posibilidades de que pudiera haber un viraje en lo resuelto. Tan es así que ayer, más que perfilar posibles argumentaciones legales que pudieran ser plausibles, se empezaban a correr pronósticos sobre quiénes podrían ser los tres futuros senadores que aportarán los tres votos que faltan a la 4T.
Proximidad, inversión y cultura
Y fue el gobernador de Durango, Esteban Villegas, el que cerró una gira de trabajo por el estado de California, en Estados Unidos, que tuvo entre sus objetivos el acercamiento a empresas para atracción de inversiones al estado y el impulso del intercambio comercial, generando una mayor proximidad con cámaras de comercio que aglutinan a residentes latinoamericanos y emprendedores y la atención de paisanos de manera directa. A estos últimos les compartió sobre los avances que tiene Durango en materia de salud, infraestructura y atracción de inversiones. Lo anterior, se dijo, para propiciar el desarrollo de sus comunidades de origen. También se abordó, ha informado el director de Comunicación Social del Estado, Víctor Hugo Hernández, el tema de la cultura, rubro que el mandatario estatal promociona junto con la Secretaría de Turismo.
Fuerte golpe el que dio la Marina a grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, al incautar en un par de acciones en costas de Colima y Michoacán, 7.2 toneladas de cocaína. El primer aseguramiento, ha informado la dependencia a cargo del almirante Rafael Ojeda, ocurrió al suroeste de Manzanillo, donde personal de la Décima Región Naval detuvo tres embarcaciones que llevaban, cada una, 126 bultos con la droga que al final tuvo un peso de 5.6 toneladas. En la acción fueron detenidas 15 personas. Éste ha sido el mayor decomiso en una sola acción de parte de la Armada. El segundo golpe lo dio al suroeste de Lázaro Cárdenas donde, con el apoyo de un buque patrulla interceptora, una embarcación tipo Defender y un helicóptero tipo Panther, elementos de la Décima Cuarta Zona Naval interceptaron 32 bultos balizados que flotaban a la deriva, estos últimos con un peso de 1.6 toneladas. La Secretaría de Marina ha venido dando golpes de manera sistemática en las costas del país. Enhorabuena.
Y a las advertencias sobre los riesgos que ven en la Reforma Judicial las embajadas de Estados Unidos y Canadá y las organizaciones empresariales con presencia global, se siguen sumando las de organizaciones de juristas a nivel continental. Y es que ahora la Federación Latinoamericana de Magistrados, que integra a juzgadores de 18 países, planteó su “profunda preocupación” por los proyectos legislativos que promueven la elección de jueces por la vía del voto popular. Calificó además como alarmante que esta disposición pretenda desconocer los derechos adquiridos de los jueces y magistrados hoy en funciones. Apenas hace unos días, el Colegio de Abogados de Nueva York también expresó sus preocupaciones por la amenaza de “socavar las condiciones de instituciones que protegen los derechos humanos y proporcionan un acceso imparcial a la justicia y preservan el Estado de Derecho”. Lo anterior, nos dicen, da cuenta de que la reforma en ciernes sigue sumando cuestionamientos más allá de nuestras fronteras.
Y fueron los órganos autónomos a los que ayer la mayoría legislativa conformada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, puso en la guillotina los que salieron a advertir la enorme pérdida que representaría su desaparición. En el Inai, los comisionados hicieron un llamado a reconsiderar, pues eliminar esa institución implicaría afectar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la calidad de la vida pública, la confianza ciudadana… En el IFT, han advertido que se volverá a un esquema que demostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, así como para incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión y en Cofece han lamentado que se frene la actual política de competencia que ha impuesto multas por 13 mil mdp a grandes empresas que abusaron de su poder. Todos, nos comentan, han pedido diálogo, pues hasta ahora no han sido escuchados.
Y fue el constitucionalista Francisco Burgoa quien explicó que si bien es cierto que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos se eligen jueces por voto popular, las diferencias son profundas entre los sistemas judiciales de ambos países, porque allá “los jueces electos son de tribunales locales con competencias limitadas y no a nivel federal como aquí se pretende hacer”. Además, ha señalado, hay requisitos sustanciales para ser jueces, empezando por la colegiación que tienen que tener los abogados mediante exámenes rigurosos y hay jurados de ciudadanos que intervienen en los juicios. Lo anterior viene a cuento porque ayer el excanciller Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, en un mensaje directo al embajador Ken Salazar, que la víspera cuestionó la elección de jueces por voto directo, le dijo: “¿Cómo puedes decir que eso va a poner en tela de juicio o en riesgo la democracia, cuando en EU empezó en 1830 y ha servido para fortalecer la democracia norteamericana?”. Uf.