Enlodadero en redes sociales

¡Vaya que no paran las infamias y el enlodadero! Ahora ya quieren revivir el pasado y tratan de convertir lo que fue denuncia, en culpabilidad con Ricardo Monreal, que ya se quejó, ya denunció, ya se defendió...

Y sí, los demonios andan sueltos, y de manera mañosa y artera vuelven a revivir los intentos de un acto de soborno que el propio senador Ricardo Monreal denunció en el año 2015 cuando era delegado de la Cuauhtémoc.

Nos cuentan que desde aquellas fechas han manipulado el nombre e identidad del político zacatecano y, hasta han buscado clonar su voz para involucrarlo en asuntos poco claros, en una intentona más de querer desbarrancar una trayectoria política de resultados.

Y de nueva cuenta el senador Monreal denuncia y pone el dedo en la llaga, ahora en el comportamiento de las redes sociales. Ayer mismo, en una carta autógrafa dirigida a la empresa Twitter, pidió el deslinde de responsabilidades vinculadas con la denostación de su imagen y nombre, respecto a lo que parece ser una campaña orquestada en su contra.

Así manifestó su inconformidad. “…en quebranto de los límites que corresponden a la libre expresión de las ideas, como son los ataques a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, la perturbación del orden público y el incumplimiento de a la ley penal, según lo dispone el artículo 6.° de nuestra Constitución, he sido víctima de ataques sistematizados y coordinados a través de la red social Twitter”.

Y es que Monreal se refirió a una campaña de desacreditación basada en la descontextualización de hechos, que puso indebidamente su nombre como tendencia entre las y los usuarios de esa red.

El político recordó que, como jefe delegacional en Cuauhtémoc, en 2015, denunció un acto impune y cobarde en su contra, el cual quedó perfectamente claro en los expedientes FSP/B/T2/3065/15-10 y FSP/B4/478/16-07, de sendas denuncias ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, pero hoy en día, se han utilizado las imágenes expuestas públicamente hace cinco años, para acusarme de hechos ilícitos que buscan, claramente, denostar mi imagen a través de la utilización perversa de información pública y mis datos personales.

La solicitud de Ricardo Monreal a la transnacional fue muy claro: “apelo a su sentido de ética y legalidad para que, en apego a la legislación vigente y las directrices aplicables a esa empresa, encuentre la forma de revertir el daño en el ámbito público, sin trastocar el derecho a la información, a la libre expresión de las ideas y a la verdad, que corresponde a cada ciudadana y ciudadano”.

Todos contra todos; un lodazal

El sistema político está hecho un lodazal. Se aprecia con claridad que el propósito de dar a conocer los videos con el reparto al parecer ilegal de grandes cantidades de dinero entre políticos de diversos partidos no tiene como fin hacer justicia, sino que se trata simplemente de una venganza dirigida contra enemigos del régimen de la llamada Cuarta Transformación.

Esto porque, como se apuntaba en anteriores comentarios, los principales presuntos delitos -como el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2012- ya prescribieron y un video grabado sin la previa autorización de un juez no sirve como prueba.

En efecto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales confirmó que las supuestas irregularidades en 2012 ya no pueden ser perseguidas, pues los delitos denunciados tienen una antigüedad mayor a cinco años, que es el plazo que marca la ley. La propia dependencia indicó que se mantienen abiertas las averiguaciones en torno a posibles delitos electorales cometidos entre los años 2014 y 2015.

anzó a funcionarios públicos y políticos que presuntamente se involucraron en los sobornos de la constructora Odebrecht; en la compra de votos de legisladores para apoyar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, así como su participación en los negocios turbios en la compra fraudulenta de las plantas chatarra Agronitrogenados y Fertinal, que dejaron en la quiebra a Pemex fertilizantes.

El personaje principal del escándalo de moda es Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado del delito de lavado de dinero que le entregó Odebrecht a cambio de favores.

Estos recursos económicos se invirtieron en la campaña presidencial de Peña Nieto y para comprar los votos de legisladores a favor de reformas estructurales, entre otras, la energética.

El ex director de Pemex fue detenido en España y luego extraditado a México. Logró un acuerdo con la Fiscalía mexicana en el que se convirtió en testigo colaborador que le permitió llevar su proceso penal en libertad. Claro, el ex funcionario entregó la información sobre el caso, con videograbaciones de funcionarios y políticos que participaron directa o indirectamente en los sobornos y tráfico de influencias.

Ya se conoce a los presuntos involucrados según la información proporcionada por Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República. Ellos son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. También señala a los ex funcionarios priistas: Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, José Antonio Meade y David Penchyna; y a los ex legisladores y operadores de Acción Nacional: Ricardo Anaya, Osiris Hernández, Ernesto Cordero, Roberto Gil Zwart, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez. Los dos últimos son gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.

¿Qué sigue? La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, tiene el balón en su cancha. El asunto es complicado por la acusación contra tres ex presidentes de la República, hecho insólito para la vida pública de México. Sin embargo, los ex mandatarios tienen el escudo del fuero que evitará que los envíen a prisión en caso de resultar culpables.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), negó la prórroga solicitada por el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para renovar la Presidencia y Secretaría General, y ordenó que el INE se deberá encargar de la realización de la encuesta nacional abierta a la militancia y simpatizantes del partido, para la elección de dichos cargos.