Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) pidieron certeza jurídica y el respeto a sus derechos laborales al Gobierno local frente a la reestructuración de la dependencia.
Señalaron que, derivado de las políticas de austeridad, recibieron oficios de la Oficialía Mayor para que todo el personal de estructura de las 16 fiscalías desconcentradas, así como de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, presentaran su renuncia con fecha del 31 de diciembre de 2018.
“Lo anterior es con la finalidad de validar en Oficialía Mayor el nivel con el que van a quedar los puestos, sin que ello afecte la remuneración económica, esto derivado de las políticas de austeridad del gobierno”, señaló un documento que fue remitido a las coordinaciones territoriales.
En un mensaje difundido entre mismos compañeros de la dependencia, señalan que son cerca de dos mil empleados los que se están viendo afectados por los recortes, mismos que en su mayoría alcanzaban 25 años de antigüedad.
Sin embargo, los servidores públicos, entre los que se incluyen elementos de la Policía de Investigación (PDI), calificaron de “tramposas” las medidas tomadas, ya que en la misiva se les indicaba que una vez presentaran su renuncia con fecha del 31 de diciembre, se les podía volver a dar de alta con un nuevo nivel salarial.
Aunque les fue señalado que la primera quincena de enero no la cobraría, sino hasta la segunda, con su “respectivo retroactivo”. De los 16 fiscales desconcentrados, sólo cuatro fueron ratificados por la nueva administración, en cuyas demarcaciones personal de asuntos internos realizó las visitas para informar el cese laboral.
A los peritos y agentes a los que le fue solicitada la baja no se les especificaron los motivos por los cuales no había aprobado las pruebas de control de confianza.
El dato: Servidores públicos destituidos convocaron a una manifestación afuera del búnker de la PGJCDMX.
