Cuando estaba por finalizar la secundaria, Claudia se enteró de que un par de fotos y un video de un minuto que había grabado con su novio fueron publicados en una fanpage de Facebook y circulaban vía redes sociales; su pareja había compartido el material con sus amigos. Aunque Claudia terminó con su pareja, las llamadas y mensajes de acoso no la dejaban en paz.
“La verdad no sabes qué hacer. Me sentía desesperada, no le podía contar a mis papás la situación, pues me iban a regañar; tuve que cerrar todas mis redes sociales. Iba en la secundaria cuando pasó eso; ahorita ya no sé si todo eso siga circulando. Aprendí a ya no hacerlo”, dijo Claudia, quien ahora estudia una carrera universitaria.
El dato: De acuerdo con un estudio de la ONU, únicamente 4 por ciento de las víctimas
de ciberacoso en México denuncian.
A Violeta, su exesposo la grababa a escondidas mientras se bañaba, arreglaba o dormía. Los videos los intercambiaba en grupos de redes sociales. Se enteró de lo que pasaba hasta que un sujeto la buscó para exigirle material por el que había pagado en Internet.
Buscó ayuda e interpuso una denuncia, pero nada se podía hacer, pues al no estar tipificada dicha práctica, no hay delito que perseguir. Sin embargo, los daños para Violeta han sido permanentes.
Ambos ejemplos sucedieron en la Ciudad de México, donde el Frente Nacional Para la Sororidad ha registrado cerca de 300 casos de acoso digital, de los cuales, autoridades de procuración de justicia han abierto 34 carpetas de investigación, pero todas por diferentes ilícitos, ninguna por violencia digital.
La situación podría cambiar mediante la iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México para reconocer la modalidad de violencia digital —donde las mujeres son expuestas a la divulgación de su información, violación de sus datos personales, la invasión de su privacidad, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la suplantación de personalidad virtual— en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reformar el Código Penal local, con el fin de penalizar con uno cárcel el ilícito.
En entrevista para La Razón, Olimpia Coral Melo, presidenta del Frente Nacional para la Sororidad, quien fue víctima de acoso cibernético tras la difusión de un video íntimo, señaló que debe haber justicia por la violencia en Internet y que el Estado no debe revictimizar a las mujeres.
“Es un delito que se debe perseguir por querella. La difusión de contenido es muy acotado, no sólo es la difusión de contenido, sino la difusión de contenido sexual por Internet, sin autorización, no consensuado”, señaló.
El Frente Nacional para la Sororidad, que en diciembre pasado logró tipificar el delito contra la intimidad sexual en Puebla, atendió 500 casos como estos en los últimos cuatro años, es decir, más de 10 al mes. Sin embargo, en enero de este año atendió nueve por semana, lo que representa 36 al mes y un incremento de 260 por ciento. Tres de estos ocurrieron en la capital mexicana.
Únicamente en Puebla existe ese ilícito; además, en Yucatán se encuentra tipificada la “pornovenganza” o difusión de contenido íntimo para afectar la reputación.
Además, en la Ciudad de México existen mil 409 mercados de explotación sexual digital, contabilizados y documentados por el Frente Nacional para la Sororidad desde 2014.
La posible tipificación de la violencia digital en la Ciudad de México abre una posibilidad para evitar que otras mujeres sean víctimas de ciberacoso en redes sociales, como Rosysel F., de 23 años de edad, quien cada que comparte una fotografía recibe “comentarios vulgares”, e incluso fotografías y videos obscenos de los agresores.
Hasta ahora, como medida de protección, dijo, “lo único que hago es bloquear a la persona”, medida que se repite entre quienes han padecido ciberacoso.
Alistan foro por violencia digital
La propuesta en el Congreso de la Ciudad de México para adicionar la violencia digital a la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reforzará con la realización de un foro en el que participarán la Procuraduría General de Justicia, asociaciones civiles y población interesada.
El objetivo es enriquecer la iniciativa, la cual es apoyada por al menos dos asociaciones civiles, informó la diputada del PVEM Alessandra Rojas, quien presentó la propuesta que es respaldada por el resto de las bancadas.
En ese contexto, Rojas Piccolo aseveró que sí es posible legislar al respecto, como ya ocurrió en Yucatán y Puebla; y adelantó a La Razón que la fecha tentativa del foro es la semana en curso.
Consideró que aunque es complicado decir que se lograrán las detenciones equiparables a las denuncias, sí es un paso para generar entre los agresores conciencia de que tendrán un castigo.
Detalló que en el Congreso hay otra iniciativa impulsada por el PAN, que busca tipificar el delito de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Karla Mora
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