Los casos de estudiantes no localizados, matriculados en instituciones públicas, se duplicaron en el primer cuatrimestre del año, según cifras del colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, el cual difunde y apoya la ubicación de personas extraviadas.
En entrevista con La Razón, Víctor Caballero, titular de la organización, informó que en 2018 registraron un promedio de 10 reportes de ausencia de adolescentes y jóvenes cada mes, los cuales se incrementaron a 20 casos de enero a abril de 2019; es decir, aumentaron 100 por ciento.
De acuerdo con el abogado, en siete de cada 10 reportes de ambos periodos, los alumnos desaparecidos fueron reportados como víctimas de algún delito.
Tal es la situación de las mujeres, con dos de cada tres casos, pues en este grupo se ha detectado violencia de género y agresiones sexuales.
“(Las jóvenes) son manipuladas por sus parejas sentimentales, en cuestión económica y psicológica, al grado de ausentarse; eso también es un delito, pero no es denunciado”, dijo Caballero.
Además, precisó, las indagatorias de quienes son víctimas de agresiones sexuales se dejan de lado una vez que las jóvenes son localizadas.
“Es diferente el discurso (en esta nueva administración de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México); pero es el mismo rezago en la atención”, estimó.
De acuerdo con datos de la organización, en la que participan académicos de la UNAM y la cual también brinda asesoría jurídica a quienes se enfrentan a esta problemática, en 60 por ciento de los casos de 2018 y 2019 se ha localizado a la persona reportada como desaparecida.
Además, el rango de edad ha disminuido entre los estudiantes desaparecidos, pues ahora 80 por ciento son menores de entre 12 y 16 años, quienes están inscritos en algún plantel educativo público de la Ciudad o del Estado de México.
PARTICIPACIÓN DESAFORTUNADA. En los 10 años que lleva de existencia la organización, la cual ha participado en caso como el de Mariela, joven desaparecida en Iztapalapa en abril de 2018, ha documentado anomalías en las indagatorias abiertas por casos de personas no localizadas; por ejemplo, la intervención de las instituciones educativas al grado de entorpecer o redireccionar la investigación.
Como ejemplo, recordó el caso reciente de la estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Elizabeth Santibáñez quien fue reportada como desaparecida el viernes pasado y de la cual la institución educativa aseguró, mediante redes sociales, que la ausencia fue por voluntad propia.
Sin embargo, el abogado afirmó haber tenido contacto desde el primer momento con la familia de la alumna, la cual, comentó, le aseguró no tener certeza de esa versión, pues con ellos no se ha comunicado.
“Hay un supuesto video que circula de ella, pero se ve nerviosa, consternada (…). Es muy grave que una institución educativa se tome esas atribuciones y por qué medio, ni siquiera directamente con la familia”, apuntó.
Por separado, Berenice Santibáñez, hermana de Elizabeth, aseguró que dicho material es verídico, pero confirmó que no han visto personalmente a la estudiante.
Al respecto, el litigante destacó que la organización seguirá pendiente de este caso, así como de los otros que siguen rezagados y que, en su mayor parte, corresponden a estudiantes de la máxima casa de estudios.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) existen 36 mil 266 casos de personas no localizadas hasta el 30 de abril de 2018, los cuales corresponden al fuero común, así como otros mil 171 denunciados ante el Ministerio Público Federal.
En dicha base de datos no se desagrega la edad ni la ocupación de las personas, sólo se reporta el género.
Respecto al total de denuncias del fuero común, 744 corresponden a reportes de la Ciudad de México; es decir, poco más de dos por ciento.
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