La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) detectó que en las quejas recibidas en el organismo por omisiones en la investigación de feminicidios, al menos tres de cada 10 expedientes tienen como motivo la divulgación de información catalogada como confidencial.
Por ello, Nashieli Ramírez, titular de la institución, manifestó que, por su gravedad y reiteración, la filtración de información parte de una investigación debe de ser sancionada penal y administrativamente.
Además, anunció que en las próximas semanas concluirá el informe “Investigar con perspectiva de derechos humanos la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México”, en el que se sistematiza toda la información correspondiente a expedientes de queja en ese tema, realizados desde 2012 hasta 2018.
Acompañamos a @NashieliRamirez, presidenta de la @CDHDF, en la presentación de su Informe Anual 2018 @Claudiashein pic.twitter.com/G9Gn1JoVTq
— Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_) August 21, 2019
Este informe tiene el objetivo de, mediante las quejas, documentar los patrones de violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Entrevistada al término de la presentación de su informe de actividades, correspondientes al año 2018, la ombudsperson mencionó que el delito de feminicidio se configuró en 2011; es por ello que, a partir del 2012, la comisión reúne las quejas de violencia de género. El documento reunirá varios hallazgos en los expedientes y uno de los principales es la filtración de información.
“Cuando hablamos de filtraciones es la autoridad y solamente la autoridad, quien finalmente tiene la obligación de resguardar en una investigación la información, y básicamente es un delito administrativo y también penal, y nosotros lo que estamos pidiendo aquí es que se proceda en consecuencia, porque los datos nos están diciendo que ahí tenemos un punto”, dijo.
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Ramírez declaró que, no obstante el aumento de quejas en general al interior de la CDHCDMX, aún hay un gran pendiente en la construcción de puentes con la sociedad en temas que desatan el conflicto social, como lo es la violencia de género.
Como parte de su informe, indicó que hubo un incremento en el número de quejas por omisiones en la materia cometidos durante 2018 por diversas instancias, pues se levantaron 11 mil 134 expedientes, lo que implica dos mil 824 quejas más que el promedio registrado en los 10 años anteriores.
Refirió que los derechos más violados fueron seguridad jurídica, salud, de las personas privadas de la libertad, de la víctima o persona ofendida y de la integridad personal.
Las principales autoridades señaladas como presuntamente responsables fueron Secretaría de Gobierno (21.2 por ciento), Procuraduría General de Justicia (17.6 por ciento), Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana (15.9 por ciento) y Secretaría de Salud (11.1 por ciento).
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