Las acusaciones contra exfuncionarios de la administración anterior por presuntos delitos de uso indebido de recursos públicos, no se tratan de un tema político, sino de acabar con la impunidad y la corrupción, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La Razón dio a conocer en su edición del 22 de octubre que la Contraloría capitalina detectó irregularidades en la administración de Ricardo Becerra, extitular de la Comisión para la Reconstrucción, y de Édgar Amador y Julieta González, exsecretarios de Finanzas.
Previamente, se informó que la Procuraduría capitalina busca a Felipe de Jesús Gutiérrez, quien encabezó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y a Édgar Tungüí, otrora comisionado para la Reconstrucción.
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“Éste no es un tema político, es un tema de acabar con la impunidad en el caso de la corrupción. Y por eso es la Contraloría y la Procuraduría desarrollan las investigaciones y, en caso de que encontrar bien fundamentado lo que se está presentando, entonces ya hacen su trabajo frente a las carpetas de investigación y la solicitud a los jueces y, si es el caso, de órdenes de aprehensión”, puntualizó.
En conferencia de prensa, declaró que ella no está involucrada en la investigación de ambas dependencias y refirió que cualquier funcionario o servidor público que cometa un acto indebido será investigado a través de la Contraloría, y a partir de esta semana, cuando opere por completo el sistema anticorrupción, también por el Tribunal de Justicia Administrativa, a través de la sala especializada, además de la Procuraduría.
“Éste no es un tema político, es acabar con la impunidad en el caso de la corrupción. Y por eso la Contraloría y la Procuraduría desarrollan las investigaciones”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno
En respuesta, Ricardo Becerra, excomisionado para la Reconstrucción, aseguró que no ha recibido solicitud de información alguna de ninguna autoridad, ni administrativa ni mucho menos penal, sobre ese caso, y que se enteró a través de los medios de comunicación por lo que exigió una inmediata aclaración de parte de la Procuraduría.
En una carta pública, se dijo sorprendido de la imputación, pues el fideicomiso en la materia se creó cuatro meses después de su renuncia, además de que él nunca ejerció recursos, y que en su gestión actuó con absoluta integridad.
Previamente, se presentaron a las diez personas que colaborarán con el Gobierno capitalino para elaborar un nuevo marco de actuación que proteja los derechos a la libre expresión y a la movilidad frente a bloqueos de vialidades, propuesta que estará lista en dos semanas.
El equipo estará integrado por Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHXCMX; el padre Miguel Concha, presidente del Centro “Fray Francisco de Vitoria”; Carlos Cruz. director de Cauce xiudadano, y Laura Díaz de León, directora del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
También Sandra Serrano, profesora i de Flacso-México; Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir; Javier Delgado, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM; Miguel Álvarez Gándara, presidente y fundador de Serapaz; Armando Barrera, de Marabunta; y Michelle Guerra Sastré, de Justicia para las mujeres.
