El Gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso local dos iniciativas de ley enfocadas a evitar las verificaciones administrativas en los micro, pequeños y medianos establecimientos mercantiles y empresariales, así como disminuir los trámites que se requieren para hacer funcionar un negocio, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en la capital.
Por un lado, se entregó la iniciativa de la Ley de Responsabilidad Social Mercantil, la cual confiará en los pequeños empresarios que se inscriban a una plataforma tecnológica, gestionada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en la que informarán, bajo el principio de “buena fe”, que cumplen con todas las disposiciones regulatorias que les son aplicables
Contenido relacionado: Va CDMX por impedir desperdicio de agua en riego de jardines
Todos aquellos comercios y empresas que se registren quedarán exentos de ser verificados, excepto tres por ciento, que será elegido aleatoriamente del padrón, así como por causas de Protección Civil.
Los establecimientos beneficiados son los de bajo impacto, como escuelas, talleres mecánicos, abarrotes, panaderías, lavanderías y tintorerías; en contraste, la normatividad no regula a salones de fiestas, restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, antros, hoteles, cines y teatros.
“Los pequeños empresarios le dicen alGgobierno y a la sociedad: ‘estoy cumpliendo con la normatividad’, y eso es suficiente para que el Gobierno les crea”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX
Con el fin de fomentar la autorregulación, si uno de los comerciantes quiere saber si está al corriente con sus obligaciones podrá solicitar una revisión simulada, que le dará la oportunidad de ponerse al corriente en el cumplimiento.
Se perfila que después de la aprobación de la ley, la plataforma digital esté operando en 45 días y el Programa de Verificación Simulada en los 90 días posteriores; durante 2020 se dará oportunidad a los establecimientos mercantiles de hacer su registro en el padrón y a partir de 2021 iniciarán las verificaciones aleatorias, que se realizarán cada seis meses.
La otra iniciativa busca reformar la Ley General de Mejora Regulatoria para establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas en la materia para la simplificación de trámites. El objetivo es fomentar la actividad económica sin trabas, lo que permitirá que haya más facilidades para poner negocios.
Además, el Gobierno local propuso la derogación de los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX para eliminar la operación del Subsistema de Cumplimiento Responsable, ya que éste será sustituido con el padrón de la ADIP.
“En lugar de estar recibiendo o esperando verificaciones de una o más autoridades (...) deberán simplemente centrarse en la productividad de sus establecimientos”
Norma Solano
Directora del Centro de Normatividad Tecnológica
Otra de las disposiciones que se elimina en la propuesta es la que señala que no estarán exentos de verificación los casos en que los establecimientos estén vinculados a alguna queja vecinal.
En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Ley de Responsabilidad Social es un esquema de autorregulación, en el que los dueños de los negocios le digan a la autoridad “estoy dispuesto a cumplir con todas las normas” y la autoridad les cree. La manera de saber si cumplieron o no con su palabra es con las verificaciones al tres por ciento de los negocios inscritos en la plataforma. Los que no se inscriban a la plataforma de la ADIP tendrán verificaciones en el mismo esquema que se realizan actualmente.
De la Ley de Mejora Regulatoria afirmó que con ella, mucha gente que quiera abrir un negocio podrá hacerlo sin violar la normatividad, al simplificar trámites.
“Nuestro objetivo es que la Ciudad de México suba en competitividad con relación al resto de los estados que, tradicionalmente, estaban en lugares muy bajos, precisamente por esta tramitología que tienen que hacer tanto los nuevos comercios o establecimientos mercantiles, como los actuales”, detalló.
En su oportunidad, la directora general del Área de Normatividad de la ADIP, Norma Solano Rodríguez, informó que la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria contempla un Análisis del Impacto Regulatorio, con el que la ciudadanía podrá participar para realizar cualquier sugerencia o comentario al respecto.
Solano Rodríguez detalló que los particulares podrán conocer los trámites y requisitos para el registro de su comercio, por lo que no habrá margen a la discrecionalidad por parte de las autoridades.
El Dato: Las autoridades esperan que se beneficie a 95 por ciento de los establecimientos mercantiles de la capital que se encuentran dados de alta en el Subsistema de Cumplimiento Responsable.