La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció su decisión de decretar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México, la cual incluye entre las acciones a emprender enviar una iniciativa de ley al Congreso capitalino para crear el Registro Público de Agresores Sexuales con sentencia firme.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la mandataria indicó que esta medida —que tiene su fundamento en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la capital— tiene por objetivo visibilizar esta problemática y tener mejores resultados en su combate.
Añadió que la propuesta legal que se enviará al Legislativo capitalino la próxima semana, forma parte de un grupo de cinco acciones integrales y permitirá tener acceso a los datos de los violadores, sistema que ya existe en otros países.
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Otras acciones impulsadas por la titular del Ejecutivo local incluyen dar un mayor presupuesto a partir de 2020 para los Centros de Atención Integral a las Mujeres y profesionalización con certificación de los Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual.
Asimismo, la mandataria exhortó al Congreso local a aprobar la ley que sanciona el acoso y la violencia digital, denominada “Ley Olimpia”, así como la referente a la creación del Banco de ADN de agresores sexuales. Además, adelantó que su administración establecerá más senderos “Camina libre, Camina segura”.
Todas estas acciones se suman a otras, como cámaras y botones de auxilio en calles y transporte público, así como las campañas de concientización “No es costumbre, es violencia” (difundida en escuelas) y “Date cuenta” en medios de comunicación.
Sheinbaum Pardo consideró que todos en la ciudad deben de decir “alto, basta” a los ataques en contra de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual.
“Por mi parte, como Jefa de Gobierno tengo que enfrentar la realidad y mi Gobierno va a defender con fuerza a las mujeres, a las niñas y a los niños que son víctimas de agresores sexuales”, mencionó en un video difundido en sus cuentas de Twitter y Facebook.
Destacó que, en últimos meses, aumentaron las carpetas de investigación y las detenciones, lo que implica que también aumentara el registro de los delitos de agresión sexual y violaciones.
El Dato: La PGJ capitalina informó que mediante una nueva estrategia integral para la investigación de los delitos sexuales, se ha logrado disminuir la cifra negra y las indagatorias subieron 19%.
Por ejemplo, entre octubre de 2018 y el mismo mes de este año, subieron 10 por ciento las carpetas de investigación por violación, de las cuales, 65 por ciento se da en domicilios y 95 por ciento lo comete alguien conocido.
“Mi visión es que la desigualdad que persiste entre hombres y mujeres no es tolerable en pleno siglo 21, y que la violencia, como la violación y los feminicidios, son el rostro más vergonzoso de esta desigualdad.
“Como mujer comparto el enojo e inconformidad y a veces la impotencia de muchas mujeres que me están escuchando. Las invito a que denuncien. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para construir una ciudad segura”, finalizó.
La activación de la alerta se da más de dos meses después de que dos organizaciones sociales ganaron un amparo para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la decretara, lo cual no ocurrió, e incluso la CDMX interpuso un recurso de revisión.
AVANZAN INICIATIVAS DE LEY. Por separado, el Congreso capitalino aprobó con 51 votos a favor y cero en contra un dictamen con proyecto de decreto para castigar con nueve a 12 años de prisión a quien las ataque con ácido y sustancias corrosivas.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, explicó que ese dictamen forma parte de un paquete de iniciativas legislativas que buscan prevenir y castigar la violencia de género en la capital, y comentó que hay otras que se encuentran en análisis para aumentar las penas por violencia, agresiones y delitos sexuales que se registran en transporte público, incluyendo las unidades que ofrecen su servicio a través de aplicaciones. En este caso, la pena aumentaría de tres hasta cuatro años y medio.
El legislador se refirió a dos iniciativas más de reformas, una relacionada a la violencia digital, y que podría dictaminarse la próxima semana, y el análisis de la creación de un Banco de ADN, que se relacionaría con el Registro de Agresores Sexuales.
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